JOSÉ CARNEIRO - VIGO
El naval gallego acusó ayer al Gobierno central de "falta de peso
político" en Europa por el veto de la Dirección General de la
Competencia al nuevo tax lease, lo que mantiene paralizado al sector. El
presidente de Asime (la patronal metalúrgica gallega), Julio Gómez,
aseguró que el Ejecutivo no actuó con la misma "firmeza" en defensa de
la construcción naval que del carbón, mientras que astilleros y
sindicatos recalcaron que el Estado español es "soberano" en materia
fiscal y que podría aplicar un régimen transitorio sin necesidad del
visto bueno inicial de Bruselas, como hizo Francia en 2006.
Las
críticas del sector al Ejecutivo arreciaron ayer, ya que empresarios y
sindicatos consideran que se han perdido meses en una negociación mal
planteada desde el principio. El patrón de Asime, que mantuvo una
reunión de trabajo con el presidente de la patronal metalúrgica española
(Confemetal), Javier Ferrer, así como con los portavoces de las
patronales gallega (CEG) y pontevedresa (CEP), calificó de "drama" la
situación que vive hoy el naval, sobre todo en la rías de Vigo y
Pontevedra.
Gómez reprochó la actitud laxa del Gobierno en la defensa
del nuevo sistema de bonificaciones fiscales del naval, pactado con el
sector y los estructuradores financieros, frente a la "firmeza" empleada
a la hora de proteger otros sectores, como el del carbón. Respecto a la
posible adaptación del sistema fiscal que se utiliza en Francia, como
planteó a Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de
Reconversión) el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín
Almunia, Gómez mostró su conformidad con el mismo si se aplica "ya",
aunque recordó que existen otros modelos mejores, como el noruego.
Astilleros
y sindicatos, por su parte, recalcaron ayer que el Estado español tiene
soberanía fiscal, y que lo hace falta es "voluntad política" para
aplicar un régimen transitorio de bonificaciones –acorde ya a los
límites de rentabilidad que exige Bruselas– sin necesidad del visto
bueno inmediato de la Comisión. "Lo que no se puede es tener parado a
todo un sector a la espera de Bruselas", afirmaron ayer desde Aclunaga.
El clúster naval de Galicia se reunió en Vigo con los sindicatos CIG y
CC OO (UGT no pudo asistir por cuestiones de agenda) para explicarles
qué medidas van a tomar tras el veto de Bruselas al nuevo tax lease.
Los
responsables de la CIG manifestaron que el Gobierno español puede sacar
"transitoriamente un instrumento fiscal por su cuenta". "Es solo una
decisión política. En veinte días podría estar solucionado el tax
lease", señaló Antolín Alcántara, que informó de que la central
nacionalista ha consultado a un experto en derecho comunitario sobre
este tema.
Desde CC OO, su portavoz de Industria, Ramón Sarmiento,
matizó que cualquier solución de este tipo debe contar antes con el
visto bueno de los estructuradores financieros y los bancos, que son
quienes van a financiar las operaciones. Y recordó que Francia estuvo
dos años con un régimen provisional de bonificaciones fiscales para el
naval sin la necesidad de la aprobación inicial de Bruselas. "Será que
Francia tiene más peso que España en Bruselas", ironizó Sarmiento, quien
recalcó que los astilleros tampoco deben escudarse en el tax lease para
no resolver sus problemas.
Desde Aclunaga insistieron ayer en que
"sin voluntad política, esto no saldrá adelante". Los astilleros
decidieron esta semana en una cumbre en Madrid dejar que sea Pymar quien
lidere la salida a esta crisis que dura ya cinco meses y que ha frenado
en seco la contratación de buques en España. Un portavoz de Pymar
señaló ayer a este periódico que siguen estudiando el actual sistema de
bonificaciones fiscales de Francia, para ver si se puede adaptar a la
realidad española. Fuentes del naval en Vigo apuntaron que adaptar el
sistema galo conllevaría al menos ocho meses más de espera, ya que sería
necesario modificar el impuesto de sociedades y, por tanto, cambiar la
legislación.
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