lunes, 1 de febrero de 2010

España aún no ha pedido a la UE que levante el veto a los astilleros de Fene


José Luis Rodríguez Zapatero aseguró hace más de un año en el Congreso que su Gobierno realizaba «múltiples gestiones» para lograr que la UE levante el veto a la construcción civil en los astilleros de Navantia en Fene. Pero la institución con la que debería negociarlo ni siquiera ha recibido una petición formal al respecto. «Las autoridades españolas no han contactado con la Comisión Europea por este asunto», aseguran fuentes próximas a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

Kroes, que la semana que viene cederá su puesto a Joaquín Almunia, fue quien sancionó en mayo del 2005 el acuerdo con España para reestructurar los astilleros civiles y militares en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El pacto es secreto porque España alegó razones de seguridad nacional para proteger sus fábricas militares y convencer a la Comisión de que perdonara la devolución de los cientos de millones de euros que, junto a las civiles, recibieron en ayudas de Estado ilegales durante el Gobierno de José María Aznar.

Algunas de las condiciones que puso Bruselas para salvar de la quiebra al sector naval español sí se hicieron públicas, como la que limita al 20% hasta el 2015 la actividad civil de Navantia, que se desarrolla en los astilleros de San Fernando, en Cádiz, y en la fábrica de motores de Cartagena. Mientras, las instalaciones de Fene se mantienen ociosas en una comarca que, en plena recesión, no entiende por qué debe dejar en barbecho otros cinco años una valiosa superficie industrial de más de un millón de metros cuadrados.

Curiosamente, la crisis otorga ciertas esperanzas, porque Bruselas ha prometido ser flexible en la aplicación de sus normas de competencia, y no solo con los bancos y los fabricantes de coches (acaba de aprobar 251 millones en ayudas a los astilleros polacos). Y aunque Zapatero pretende aprovechar también esa flexibilidad, hasta ahora no lo ha hecho, al menos oficialmente. Su entorno diplomático se mueve también en el más absoluto secretismo, amparándose en que el silencio refuerza las esperanzas de éxito: «Cuantos menos titulares, mejor», resume un representante español en Bruselas con añejo conocimiento del tema.

Esas dificultades ya se manifestaron en el 2007, cuando la Comisión rechazó un plan del bipartito para que Hijos de J. Barreras localizara en Fene una nueva factoría naval. El director general de Competencia, Philip Lowe, se limitó entonces a constatar que el proyecto violaba las condiciones del acuerdo con España y que además ni la SEPI ni el Gobierno le habían pedido renegociarlo. Aquel plan es historia, pero la Xunta mantiene el empeño en recuperar la actividad en Fene con una concesión pública. Su presidente, Alberto Núñez Feijoo, expuso la idea en octubre al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y a Joaquín Almunia, antes de que se supiera que este iba a ocupar la cartera de Competencia, así como al embajador español, Carlos Bastarreche.

Almunia no ha tenido tiempo de revisar el expediente de Fene, que no ha estado sobre la mesa de las reuniones que su gabinete ha mantenido con Lowe y con el equipo saliente de Kroes. Aun así, y a pesar de que en La Moncloa se recuerda que el comisario español es «un ortodoxo» que no adoptará ninguna decisión que vulnere la legalidad, tenerlo como encargado del caso debería ser una ventaja. Para Alemania lo fue que el responsable de Industria durante la reciente crisis de Opel fuera Günter Verheugen, quien defendió sin rubor los intereses germanos. Y para Italia resultó una feliz coincidencia que Antonio Tajani fuera comisario de Transportes cuando se aprobó la privatización de Alitalia, condonando a la nueva aerolínea las ayudas ilegales que su antecesora recibió durante años.

El momento
Fene no lo va a tener fácil para construir buques civiles antes del 2015, es cierto. Pero la crisis económica, la presencia de un español en Competencia, el hecho de que Gobierno, Xunta y los tres partidos gallegos coincidan en la voluntad política de reactivar el caso, con España ocupando la Presidencia de la UE, hacen que esta sea su mejor oportunidad. Solo falta que quienes tienen en sus manos intentarlo se decidan a hacerlo.
lavozdegalicia.es

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