En diversas ocasiones comenté que uno de los problemas que padece Navantia, es el hecho de que quienes dirigen la empresa no son precisamente profesionales del sector, y esto, no significa que cada uno de ellos -al menos, los últimos presidentes de la compañía- no sean o lo fuesen, extraordinarios profesionales dentro de sus respectivas especialidades. Pues bien, con la SEPI, ahora nos está ocurriendo un poco de lo mismo y claro, una de las muchas consecuencias a las que esta situación lleva es a declaraciones tan carentes de visión empresarial y comercial como profesional, que llegan incluso a convertirse en declaraciones con un cierto matiz de irresponsabilidad, como por ejemplo, las recientemente manifestadas por el presidente del holding público SEPI (propietario de Navantia) Enrique Martínez Robles, el pasado martes día 6 ante la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
Una vez más y a las primeras de cambio, la SEPI, por boca de su presidente, vuelve a las andadas y le asesta a la maltrecha economía de Ferrolterra, un nuevo puyazo con respecto a las expectativas de presente y de futuro que la comarca tiene depositadas en el área de Reparaciones de la Ría de Ferrol.
Dice el presidente, Enrique Martínez Robles, que Navantia considera que cubrir el dique n° 5 (dique grande de Astano) no le va a proporcionar una mayor capacidad al departamento de Reparaciones y de igual forma, dice también, que no ve positivamente la idea del dragado de los muelles de la factoría por no encontrarle ventajas sustantivas y dado que nos encontramos en época de dificultades económicas, las inversiones, en este caso, no las ve justificadas.
Pero esto, queridos lectores, no lo dice un experto en construcción y reparaciones navales, que es a lo que, y no de casualidad, se dedica Navantia, ni tan siquiera un experto en dirección de empresas, esto lo manifiesta una persona licenciada en Derecho e Inspector de Hacienda del Estado, que si bien es cierto que lleva cinco años presidiendo la SEPI, (desde el año 2004) no es menos cierto, que durante los veinte años anteriores, (desde 1984) estuvo desempeñando diferentes funciones y con diferentes cargos en la Agencia Tributaria, desde Director General de Coordinación con las Agencias Territoriales hasta la Secretaria de Estado de Hacienda, pasando por ser el consejero financiero de la Embajada de España en Paris, Subsecretario de Estado de Hacienda o mismo desempeñando la función de Jefe de Equipo de la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria.
Es decir, estamos ante una persona que seguramente en su profesión fue, y puede que continúe siéndolo, un lince, pero no es menos cierto que sus opiniones cara al sector naval son más que discutibles por su falta de conocimientos técnico - profesionales sobre la dinámica del propio sector.
Y es que, si no fuese así, daría pie a pensar que se trata de un ataque más, dirigido, no desde el sur de la península, pero sí y curiosamente, por un andaluz de Linares (Jaén). Porque de otra forma, es prácticamente imposible -profesional y comercialmente- encontrarle lógica a las declaraciones que realizó ante la comisión de Presupuestos del Congreso.
¿Con un clima como el que tenemos, cómo se puede afirmar que la cubrición de un dique no va a multiplicar el rendimiento y la productividad del mismo?
Pero ¿Cómo se puede poner en duda la conveniencia del dragado de los muelles ante la inminente llegada de los gaseros de última generación para reparar en estas instalaciones?
¿Acaso tiene sentido justificar la actual situación de Turbinas, y por lo tanto descartar definitivamente su vuelta al sector eólico, con argumentos tan peregrinos como los datos de ocupación de la empresa del pasado mes de agosto? Porque eso es como justificar que en la antigua Astano están al cien por cien de ocupación sin decir también que donde ahora trabajan 800 personas, antes trabajaban 8000.
Realmente es de lamentar que personas con esa capacidad de visión comercial y con ese nivel -que demuestran tener- de conocimientos técnico-profesionales, sean las elegidas para regir los destinos de las empresas públicas del Estado, empresas, de las que tantas miles de familias dependen.
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