Astano no recibio un solo euro de todas esas ayudas.Aún así,para salvar todo el grupo,se tuvo que sacrificar el astillero de Ferrolterra.
Los castigos de Bruselas
C-3/1999: créditos fiscales
En la auditoría final del Plan Estratégico de Competitividad (PEC), la Comisión Europea consideró que los astilleros habían recibido 18.451 millones de pesetas (110,8 millones de euros) por encima de lo autorizado, considerando esta cifra como ayuda incompatible y obligando a España a su recuperación con los intereses correspondientes. España recurrió ante el Tribunal de Justicia de las CC.EE. dicha Decisión y finalmente fue desestimado. Ante la tardanza de nuestro país en proceder a la recuperación de la ayuda el Estado español fue condenado. Finalmente AESA realizó en el año 2002 la devolución a SEPI de 132 millones correspondientes a los 110,8 más los intereses, sin embargo la Comisión considera que, al haberse integrado los astilleros beneficiarios de las ayudas en Izar, la devolución debería ser realizada por ésta. AESA presentó el 16.09.03 una demanda judicial contra Izar reclamándole dicha cantidad, estándose a la espera del resultado de la misma.
C-40/2000: operaciones previas a la fusión
La Comisión ha considerado incompatibles las varias ayudas. La transferencia a AESA de 56 millones de euros por la compra de las tres factorías, el préstamo realizado por la SEPI a tres astilleros en 1999 -192,1 millones- y la aportación de capital de la SEPI a AESA en 2000 -252,4 millones-. En total, 550,5 millones de euros. Como los préstamos por importe de 192,1 millones se devolvieron con intereses a la SEPI en septiembre de 2000, la cuantía pendiente de devolución es de 308,4 millones, más los intereses correspondientes desde el otorgamiento de las ayudas hasta su devolución, que a 30 de junio de 2004 suponían 68 millones.
C-38/2003: aportaciones a Bazán/Izar
Este procedimiento se inició en mayo de 2003 para investigar en qué medida las aportaciones de capital recibidas por Bazán / Izar en los años 2000 a 2002 -1.477 millones- podían haber sido utilizadas para ayudar a los astilleros civiles. Por parte española se ha argumentado que las aportaciones se hicieron a Bazán que, al ser una empresa de fabricación de material militar, quedaba al amparo de la excepción prevista en el artículo 296 del Tratado CE. Asimismo, ha argumentado, la mayor parte -862 millones- iba destinada a sufragar los costes sociales.
No se ha producido todavía una decisión de la Comisión sobre este procedimiento, pero ésta mantiene dudas de que los fondos aportados a Izar correspondan en su totalidad a actividades militares y previsiblemente considerará que una parte significativa, unos 550 millones, se habría destinado a ayudas a la construcción civil, siendo por tanto incompatibles, y obligando Izar a su devolución.
C-47/2003: garantías gaseros
La Comisión inició este procedimiento en julio de 2003 para investigar si existiese algún elemento de ayuda en las garantías aportadas por SEPI a Repsol, para cubrir los posibles perjuicios que le pudiera causar la entrega fuera de plazo o sin cumplir las debidas condiciones de los tres buques gaseros contratados por los armadores Tapias, Elcano y Knutsen, con los astilleros de Sestao y Puerto Real. La Comisión todavía no ha adoptado un pronunciamiento definitivo sobre este expediente y por el momento no es posible evaluar las consecuencias económicas que pudieran derivarse del mismo.
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