Volver a construir buques civiles en Astano puede ser realidad sin violar el acuerdo firmado entre el Gobierno español y la Unión Europea tras la última reconversión, es decir, en el 2005. Así lo manifestó ayer el abogado y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid Joseba Aitor Echebarría, en unas jornadas organizadas por Rumbo21, la comisión impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular por la potenciación del astillero de Fene y en defensa del naval gallego, que desde ayer reúne en el campus a diversos expertos del sector.
Joseba Aitor Echebarría, conocedor de la situación de Astano entre otras cosas porque su compañero de departamento asesoró al anterior equipo de la Consellería de Industria en sus proyectos para el naval, admitió que la decisión de cambiar la situación de la factoría de Perlío está en el ámbito político, en concreto en Navantia, en su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y en el Gobierno central.
Aunque apeló a la prudencia porque «no sabemos qué comprometió el Gobierno español con la Unión Europea», Echebarría aseguró que existen tres posibles vías para reactivar la construcción civil en Navantia Fene sin que ello suponga un incumplimiento del pacto con Bruselas. Por un lado, afirmó que el Gobierno español puede intentar renegociar el pacto con la UE «y éste es un buen momento para ver si ha lugar, ya que se están dando ayudas a muchos sectores industriales por la crisis».
Además, aseguró que Navantia podría construir buques en sus instalaciones de Perlío, dentro de la cuota civil permitida por Bruselas, esto es, siempre que no exceda del 20% de la facturación militar de la compañía. El letrado aseguró que, atendiendo al texto del acuerdo, «no parece que nada excluya que todos los astilleros puedan participar en esa cuota», afirmó. Pero también tiene la opción de realizar una «cesión a terceros» de la instalación para que la utilice siempre que cumpla una serie de requisitos. Así, «tendría que ser sin ningún tipo de discriminación, en una operación a precios de mercado, transparente, sin ningún tipo de ayudas públicas y también dentro de su cuota del 20% de facturación civil».
Echebarría aseguró que, en el caso de que Astano se viese obligado a devolver las ayudas ilegales y que dieron lugar a la última reconversión, «habría que aplicar el principio de proporcionalidad», ya que la planta solo se benefició de incentivos para la cobertura de pérdidas y recapitalización, con el resto de las factorías públicas, que en total suman 70 millones. «A Astano le ha tocado el papel de pagano de la mayoría de los astilleros», afirmó.
En la primera de las jornadas también intervino José Esteban Pérez García, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España, quien aseguró que «la crisis afecta al ámbito marítimo menos que a otros sectores» y, aunque admitió que «parece difícil saber el plazo de recuperación», auguró que «la construcción naval tendrá un futuro mejor y más rápido que otros sectores».
Las jornadas se cerraron con un debate político en el que Valentín González (PSOE) anunció que apoyarán en el Parlamento gallego la iniciativa popular por Astano y Helena Veiguela (BNG) defendió la posibilidad de renegociar el veto del astillero.
lavozdegalicia.es
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