El vicepresidente de Competencia de la Comisión
Europea, Joaquín Almunia, decidió en 2011 abrir un expediente por ayudas
de Estado en contra del sector naval español a pesar de que su
predecesora, la holandesa Neelie Kroes, en 2009 (ver el documento) ya
manifestó por escrito a la Ministra de Industria de Noruega, Sylvia
Brustad, que el sistema español de tax lease "no era discriminatorio" y que la Comisión no tenía intención de tomar medidas.
Carta de la comisaria Kroes
El Comisario español fue vulnerable a la presión fundamentalmente del lobby
naval holandés que había visto en los últimos años como sus empresas
perdían mercado frente a las españolas. La decisión de Almunia supuso la
posterior declaración del sistema de financiación naval como ayuda de
Estado, lo que ha llevado a que los astilleros españoles privados y su
industria auxiliar se encuentren ahora en riesgo de desaparición si decide que hay que devolver la ayudas.
La decisión depende única y exclusivamente de Almunia que cuenta con suficientes argumentos y seguridad jurídica, además de confianza legítima, como para no exigir la devolución. La propia carta de Kroes es un documento de confianza legítima y no es el primero aunque sí el más contundente.
La decisión depende única y exclusivamente de Almunia que cuenta con suficientes argumentos y seguridad jurídica, además de confianza legítima, como para no exigir la devolución. La propia carta de Kroes es un documento de confianza legítima y no es el primero aunque sí el más contundente.
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