Tienen alguna duda de lo que responderá la Unión
Europea al Gobierno español sobre la posibilidad de levantar el veto que
limita al 20 % de la facturación total el sector civil en Navantia? ¿Y a
la de que se construya el dique flotante que se demanda para los
astilleros de la ría? Yo, permítanme el pesimismo, más bien pocas.
Por varias razones. Pero la principal es que ni
Navantia, la afectada por las limitaciones, ni su accionista, la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tienen muchas
ganas, ya no de lograr el fin del tan manido veto, sino incluso de hacer
la pregunta. Ha quedado claro en la última reunión mantenida en A
Coruña con los alcaldes de la Mancomunidad -a los que en primera
instancia se llegó a sugerir que liderasen esa iniciativa- y los
representantes de los trabajadores.
Además, tampoco hay duda sobre el tono de la
consulta, que será en negativo, ya que «se aprovechará para despejar qué
inversiones o inyecciones de capital pueden ser inhabilitadas por las
autoridades europeas al considerarse como ayudas del Estado». Que es lo
mismo que decir que van a preguntar a la UE con un «¿a que no
puedo...?». Pero si aún quedase algún resquicio para la esperanza, la
empresa insiste en que Bruselas, a cuya puerta llamó de manera informal,
no autoriza el proyecto del dique, pero ante la «permanente insistencia
de la sociedad gallega» hará de forma oficial la consulta, «todo ello a
pesar de los riesgos que implica». Se admiten apuestas.
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