La aprobación del Decreto del Carbón es un duro golpe para el Puerto de Ferrol, pero el auténtico varapalo se lo lleva sin duda la comarca de Ferrolterra y por extensión, junto a Cerceda, toda la comunidad gallega. Centrando el tema en Ferrolterra, podemos afirmar que a día de hoy nuestro puerto es una de las radas españolas con mayor movimiento de graneles sólidos. En mejorar las condiciones para la entrada y salida de este tipo de tráficos e impulsar su desarrollo en la comarca, hemos puesto nuestro trabajo, nuestro empeño y nuestra capacidad inversora. Todo ello para dar servicio a las centrales térmicas, que han pasado por intensos procesos de adaptación y modernización para estar a la altura de los requisitos necesarios para consumir este tipo de combustible, mucho más ecológico que el nacional.
Con todo ello, la central térmica de As Pontes supone una de las principales riquezas para Ferrol y su comarca, y la aprobación de este Decreto por parte de Gobierno tendrá unas consecuencias pésimas, no solo sobre la empresa y sus trabajadores, sino sobre el sector portuario, el transporte, los servicios y sectores secundarios que dependen de él. En definitiva, el dinamismo de la economía ferrolana se verá gravemente agredido con este recorte.
Dice el Gobierno central que son solo cuatro años? Deberían saber que en cuatro años se puede hundir un sector vital para Ferrol y la comunidad gallega, ya que ninguna empresa va a esperar cuatro años de oscuridad hasta recuperar su ritmo de producción. Y con esto, no queremos decir que no haya que ayudar a los mineros asturianos y leoneses, no cabe duda de que ellos también luchan por sus intereses, totalmente dignos, pero consideramos que lo que no se puede hacer es beneficiar a unos a costa del hundimiento de otros. En este caso el Gobierno no ha pensado ni valorado el impacto que el Decreto tendría para los gallegos. Una vez más, han hecho oídos sordos a nuestra voz.
El Puerto en concreto, dejará de mover un mínimo de 2 millones y medio de toneladas anuales, lo que supone una pérdida de alrededor de 3 millones de euros, pero somos conscientes de que solo suponemos un eslabón de una gran cadena que al romperse truncará la vida y las ilusiones de muchos gallegos. Desde la Autoridad Portuaria, al igual que desde muchos sectores que se verán afectados, estamos totalmente comprometidos con la defensa de los intereses de los ferrolanos y los gallegos, y lucharemos por ello mediante todas las vías posibles.
Por ello, intentaremos, con el apoyo de la Xunta de Galicia, que los efectos que se prevén por este desafortunado decreto, no alcancen la magnitud que creemos que podría llegar a tener: cierre de fábricas y de empresas secundarias, recortes y la posible pérdida de alrededor de 5.000 puestos de trabajo. No cesaremos en nuestro empeño por intentar que el Gobierno proponga una solución equilibrada que evite este duro impacto en la economía ferrolana y gallega.
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