El Gobierno ha empezado a perder la esperanza de que la UE levante el veto a la construcción civil en los terrenos de Navantia en Fene. Según varios departamentos ministeriales implicados en las negociaciones con la Comisión Europea, Bruselas se ha mostrado hasta ahora inflexible: si los astilleros civiles y militares españoles no devuelven los 975 millones de euros en ayudas de Estado ilegales que recibieron entre 1999 y el 2003, cuando fueron fusionados en Izar bajo los Gobiernos de José María Aznar, Fene no podrá recuperar la actividad civil antes del año 2015. Ese plazo figura como una de las condiciones para condonar la recuperación de las subvenciones en el pacto alcanzado en el 2005 por la Comisión y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de Navantia.
El pasado miércoles, el nuevo comisario de Competencia, Joaquín Almunia, mantuvo esa tesis en una respuesta al eurodiputado de ERC Oriol Junqueras, quien comparte escaño en el Parlamento Europeo con el BNG: «La Comisión considera que una renegociación del acuerdo no modificaría la obligación de recuperar la ayuda estatal ilegal de 975 millones de euros». Almunia también asegura que no ha recibido de España ninguna solicitud formal para reabrir el expediente.
«Si no ha habido petición oficial es porque en los contactos informales la Comisión ha advertido de que su respuesta sería negativa», aseguran fuentes cercanas al ministro de Fomento, José Blanco, quien declaró hace una semana en Ferrol que él mismo se interesó por el tema en persona ante Almunia.
También se ha dirigido al comisario el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien le envió una carta hace quince días y quien se entrevistó con él en Bruselas en octubre pasado. Y el entorno del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien prometió en el Congreso impulsar el asunto, mantiene que se han hecho «múltiples gestiones» a través de la Representación Permanente de España ante la UE, cuyos diplomáticos, sin embargo, reconocen que se trata de un propósito de enorme dificultad.
«Todo el Gobierno está en este tema: Fomento, Economía, la SEPI, nosotros... Pero de momento las respuestas han sido negativas», afirman portavoces del Ministerio de Industria. Su máximo responsable, Miguel Sebastián, explicó hace dos meses que si la devolución de las ayudas era condición inexcusable para recuperar la actividad civil en Fene, no compensaría plantearlo.
Reacciones
La portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, quien asumirá en el 2012 el escaño de Junqueras, aseguró en un comunicado que la respuesta de Almunia «pon de manifesto que Zapatero está a incumprir a palabra dada e o compromiso alcanzado no Parlamento». El presidente del PP ferrolano, José Manuel Rey Varela, acusó al presidente de «engañar a los ferrolanos con promesas que sabía de antemano que no iba a cumplir».
la voz de galicia.
Las instalaciones de Navantia en Fene, parte de las cuales están ociosas y que la Xunta pretende desde hace años recuperar para la actividad naval, corresponden a las de la antigua Astano, que en julio del 2000, y bajo Gobierno de Aznar, se fusionó con los astilleros militares de Bazán bajo el nombre de Izar. Esa compañía recibió, entre ese año y el 2003, 864 millones de euros en ayudas públicas que la Comisión declaró ilegales, y que se sumaron a otros 111 millones inyectados a finales de los noventa.
Almunia recuerda que España alegó que la devolución de las subvenciones pondría en peligro su seguridad porque llevaría a la quiebra a sus astilleros militares de Ferrol y Cartagena. E insinúa que el perdón benefició también a las radas civiles de Fene, Puerto Real y Cádiz. «No se recuperó la ayuda a los tres astilleros porque España alegó que era necesario para la protección de intereses esenciales de su seguridad. Sobre esta base, Fene solo puede construir buques militares hasta el 2015», concluye.
Las instalaciones de Navantia en Fene, parte de las cuales están ociosas y que la Xunta pretende desde hace años recuperar para la actividad naval, corresponden a las de la antigua Astano, que en julio del 2000, y bajo Gobierno de Aznar, se fusionó con los astilleros militares de Bazán bajo el nombre de Izar. Esa compañía recibió, entre ese año y el 2003, 864 millones de euros en ayudas públicas que la Comisión declaró ilegales, y que se sumaron a otros 111 millones inyectados a finales de los noventa.
Almunia recuerda que España alegó que la devolución de las subvenciones pondría en peligro su seguridad porque llevaría a la quiebra a sus astilleros militares de Ferrol y Cartagena. E insinúa que el perdón benefició también a las radas civiles de Fene, Puerto Real y Cádiz. «No se recuperó la ayuda a los tres astilleros porque España alegó que era necesario para la protección de intereses esenciales de su seguridad. Sobre esta base, Fene solo puede construir buques militares hasta el 2015», concluye.
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