LA CUESTIÓN POLÍTICA DE ASTANO

MARGARITA CANIDO JOVE

La proposición no de ley aprobada días atrás por el Parlamento central y respaldada por la totalidad de los grupos políticos presentes en Galicia, en torno a la demanda de la recuperación de la actividad naval convencional para la antigua Astano, revela cuán acertados han sido siempre los planteamientos expuestos por IEN por Europa (Iniciativa Empresarial del Noroeste) desde que, en 2004, iniciara un arduo y escabroso camino dirigido a conseguir que la comarca de Ferrol, y Galicia en su conjunto, recuperasen uno de los más importantes bienes industriales con los que contamos.

La noticia tiene especial trascendencia para esta asociación. Y es así porque, en su conjunto, lo que el Parlamento central ha aprobado no es ni más ni menos que lo que IEN por Europa ha venido reclamando a lo largo de toda esta década, que está a punto de concluir. Y lo ha venido haciendo no sólo mediante declaraciones y comunicados públicos, sino a través de hechos tangibles que han llevado a su junta directiva a acudir personalmente a Bruselas y exponer, ya en 2004, ante la Comisaría de Competencia, las demandas sobre la plena recuperación de la actividad naval convencional para el astillero de Perlío. Y me parece también justo y necesario señalar que el espíritu y los contenidos de la proposición no de ley que en los últimos años han asumido tanto el Parlamento central como la Cámara gallega, han sido los que, sucesivamente, ha venido presentando, mediante documentos fehacientes, ante ambas instituciones y la totalidad de los grupos políticos en ellas representadas, esta entidad.

Apunto este extremo no como elemento de diferenciación, porque IEN por Europa se ha mostrado, desde su primera fundación en la extinta Iniciativa por Fene -germen de lo que hoy somos- como entidad defensora del rico tejido empresarial de la comarca de Ferrol, sino de cohesión, porque hemos liderado, en un caso tan peculiar e importante como el de la antigua Astano, las líneas a seguir, tal y como revelan los hechos y las hemerotecas. Son de sobra conocidos nuestros continuos llamamientos a la unidad política y empresarial, al compromiso social y al pronunciamiento de las instituciones de todo el país, desde los ya indicados parlamentos hasta los órganos estrictamente locales o provinciales, que se han traducido en la presentación de múltiples iniciativas y en un plan de trabajo perfectamente argumentado sobre el derecho que creemos que asiste a la recuperación de la antigua Astano.

Adquirido el compromiso político, que implica el reconocimiento explícito de que ha sido precisamente una cuestión de esta índole la que determinó el continuo desmantelamiento del astillero fenés, es cierto que resta por saber si tal decisión tendrá el alcance esperado y tan largamente anhelado. Y es que esta comarca sabe establecer, afortunadamente y después de muchos años, las justas y necesarias diferencias entre el simple compromiso y la cruda realidad. Y lo digo porque han sido numerosos y clamorosos los incumplimientos sobre acuerdos políticos adquiridos, a todos los niveles, en relación con Astano, y porque los intereses partidistas han primado grave y perjudicialmente en contra de las necesidades de esta comarca.

Así, ha sido habitual, hasta ahora, ver a representantes políticos que, por fin, defienden la recuperación de la actividad naval convencional de Astano, justificar no hace mucho a cualquier precio las limitaciones impuestas por Bruselas. Como es habitual, y continua siendo al parecer la norma establecida, que la mayoría de la sociedad comarcal contemple con absoluta incredulidad el silencio con el que las centrales sindicales responden al clamor popular por recuperar una iniciativa tan esencial para nuestro futuro. Un silencio que no es comprensible si no tiene como fundamento el hecho de que los principales sindicatos accediesen a suscribir un acuerdo, el de 2004, que no hizo más que acrecentar, con la ampliación en ocho años más del veto comunitario, las dificultades para el acceso de Astano a la construcción naval convencional en igualdad de condiciones que otras factorías europeas. A ellos habrá que pedir que, cuando menos, admitan la necesidad de iniciar un período de reflexión o que, en cualquier caso, expliquen cómo se entiende no ya el hecho de que aceptasen tal decisión sino que, a día de hoy, cuando toda la sociedad y los representantes políticos coinciden en que Astano tiene futuro y que la injusticia con él cometida es tan flagrante, sigan sin pronunciarse.

La factoría de Fene, y eso es algo que IEN por Europa se ha empeñado en defender desde siempre, tiene trascendencia no sólo comarcal, sino que forma parte del necesario tejido industrial gallego y alcanza repercusión nacional desde el punto de vista de que, al margen de ser una empresa pública, da trabajo, empleo y sustento a miles de familias repartidas por todo el país a través de la presencia de numerosas compañías auxiliares.

Pero es centrándonos en su carácter local en el que encontramos más graves discriminaciones en cuanto al pago que, ante Europa, ha tenido que efectuar. Cualquiera que pase por Fene hoy en día puede comprobar sobre el terreno el cierre de establecimientos, la inactividad comercial o el elevado número de trabajadores de la factoría afectados por los sucesivos planes de prejubilación que han llevado a reducir a menos de 300 el número de empleados, buena parte de ellos adscritos a tareas meramente administrativas.

Ésta es, en definitiva, la realidad que nos asiste y a la que debemos hacer frente a través de la acción política pero, también, mediante la presión social y el compromiso de los agentes económicos que participamos del devenir de esta comarca.

Para IEN por Europa, Astano siempre ha tenido futuro y es ahora cuando la voluntad política, tanto la de los líderes autonómicos como los nacionales y los europeos, debe circunscribirse a los hechos, no a los condicionantes espurios que han determinado que, desde hace 25 años, Astilleros y Talleres del Noroeste sea sólo un nombre, para que recupere su papel protagonista.

No nos engañemos, es el Gobierno central quien tiene pues sobre su mesa la responsabilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) deje de aludir a una inexistente independencia para justificar su papel contrario a los deseos de esta sociedad y, tal y como obligan las resoluciones del Parlamento, decida ejecutar el mandato al que aquella lo obliga.

(*) Manuel Pérez Pérez es el presidente de IEN por Europa