Los astilleros neerlandeses, promotores de la denuncia contra el "tax lease" en 2009, recurren en la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de arrendamiento financiero del naval español
j. carneiro | vigo 30.06.2013 | 10:36
Edificio Willemswerf, en Rotterdam, que alberga la sede de la Holland Shipbuilding Association. // Swz Maritime
Holanda está dispuesta a todo para borrar del mapa
a la industria naval española. Cuando se cumplen dos años de la
suspensión del tax lease por parte de Bruselas, los astilleros
holandeses, promotores de la denuncia contra España en 2009, han
recurrido ante la Corte Europea de Justicia el nuevo sistema de
arrendamiento financiero español aprobado por la Comisión Europea (CE)
el pasado noviembre. El lobby naval holandés, el más potente del sector
en Europa junto con el alemán, considera que hay muchas semejanzas entre
el nuevo régimen español y el anterior, del que la Dirección General de
la Competencia de la CE ya se ha pronunciado en contra, por lo que
denuncia que sigue siendo una ayuda estatal.
El
recurso holandés fue interpuesto el pasado 8 de marzo por la
organización Scheepsbouw Nederland, que agrupa a las patronales
Netherlands' Shipbuilding Industry Association (VNSI) y Holland Marine
Equipment Association. La entidad, a través de sus abogados, solicitó al
Tribunal General de la UE que anule la decisión
de la CE de aprobar el nuevo sistema español de amortización anticipada
de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero,
del que se podrán beneficiar tanto los astilleros como otros fabricantes
(el nuevo tax lease es genérico, no exclusivo del naval, como el
anterior). Fuentes del sector explicaron a FARO que el recurso es una
respuesta directa del lobby holandés a la decisión de los astilleros
españoles de denunciar a finales del año pasado ante Competencia las
ayudas públicas neerlandesas a la construcción naval. Esta demanda fue
presentada el pasado diciembre a través del Clúster Naval Gallego
(Aclunaga) y el Foro Marítimo Vasco.
El nuevo
tax lease español fue aprobado por Bruselas año y medio después de que
la Comisión suspendiese el anterior régimen fiscal, ante las sospechas
de que pudiesen ser ayudas de estado ilegales. El nuevo régimen permite
deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante
arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin
esperar a que sean explotados comercialmente. Y complementa la
posibilidad, que ya tenían las empresas españolas, de acelerar la
deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco
de un contrato de arrendamiento financiero. Bruselas concluyó que este
régimen "no implica ninguna ayuda estatal con arreglo a las normas
europeas, ya que no favorece a ciertas empresas frente a otras". Pero
Holanda no lo cree así.
Fuentes
del sector aseguran que esta "guerra comercial" entre países acabará
por debilitar al conjunto de la industria naval europea, en beneficio de
los constructores asiáticos, sobre todo de China y Corea del Sur. Pero
lo cierto es que hasta el momento, al naval holandés el parón español
por la denuncia del tax lease le ha venido muy bien. Las factorías
navales neerlandesas acumulaban al cierre de 2012 una cartera de pedidos
de 129 buques --más del doble que la de los astilleros españoles--
valorada en 2.000 millones de euros. Holanda contrató solo durante ese
año 61 buques, frente a los 39 de España. Además, Holanda entregó en
2012 un total de 95 barcos, con un valor superior a los mil millones de
euros, y se mantienen en cartera otras 129 embarcaciones que suman
593.893 toneladas brutas compensadas (CGT). Las atarazanas españolas,
por su parte, mantenían al cierre del año pasado 57 buques (313.426 CGT)
en cartera, según los datos oficiales que recoge la Gerencia del Sector
Naval (organismo que será suprimido por el Ministerio de Industria).
Llegado
este punto (el naval holandés también está siendo investigado por
Competencia a raíz de la denuncia española), fuentes del sector
consideran que la CE debería hacer un esfuerzo para armonizar las ayudas
a la construcción naval en el conjunto de la UE. "Se está utilizando a
los servicios de la Dirección General de Competencia como arma en una
guerra comercial entre países, y corremos el riesgo de desaparecer
todos", apuntan las mismas fuentes. Éstas ponen como ejemplo de esa
armonización el sector de la producción audiovisual, en el que existen
unas pautas y límites comunes para todos los países, que mantiene al
mismo tiempo su independencia. Esas "líneas rojas comunes" también se
podrían aplicar al sector naval.
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