MIGUEL MUÑIZ
El último tramo del pasado año, con el sistema fiscal de tax lease
bloqueado por la UE y tras nuevos fracasos en las nuevas contrataciones
de Navantia, ha supuesto un nuevo mazazo para el naval gallego, que se
ha dejado en unos meses cientos de puestos de trabajo en la crisis más
larga en el sector en mucho tiempo.
Las
cifras son alarmantes. Solo en las factorías privadas radicadas en la
ría de Vigo y Pontevedra, en tan solo tres años, desde el 2009, el
sector naval del sur gallego ha perdido cuatro de cada diez empleos.
Atendiendo al último trimestre de 2011, un 10% de los trabajadores de
esta industria tuvo que quedarse en casa. Más datos: de enero a
septiembre del pasado año los afectados por procesos de regulación (ERE
de suspensión o de reducción de jornada) se elevaron a un total de 1.072
empleados.
Por
su parte, en Ferrol, son las auxiliares del gigante público Navantia
los que están sufriendo el ajuste derivado de la falta de nuevos
contratos para la comarca. En total, y según cifras del comité de
empresa de Navantia, en los últimos cuatro meses han desaparecido 767
operarios de las firmas de apoyo. En septiembre, la plantilla que
operaba en los astilleros de Fene y Ferrol sumaba 3.867 personas. Hoy,
rebasan los tres millares en poco más de un ciento: la diferencia, una
quinta parte, en el paro.
Además,
en diciembre, Navantia perdía la pugna abierta por un contrato en
Noruega para la construcción de un buque logístico (en Ferrol se
construyeron hasta cinco fragatas para este país). Las negociaciones con
la armada de Australia, sobre las que también existían esperanzas, no
han fructificado tampoco.
Navantia,
dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) no firma encargos nuevo de navíos desde el verano del año 2007.
Negociaciones más agresivas y la construcción de un dique flotante para
la reparación, además del levantamiento del veto a la construcción
civil, siguen siendo las reivindicaciones de la comarca.
La
construcción naval despedía en 2008 uno de los ciclos más largos de
crecimiento de su historia y entraba en declive. Especialmente dura con
el sector, los astilleros privados de la provincia de Pontevedra eran
los primeros en acusar la crisis, con una caída brutal en su cartera de
pedidos (cercana al 70% y solo comparable a la década de los ochenta).
La
situación se recrudece en los últimos dos años. Ahora incluso se pone
en duda la supervivencia de las grandes constructoras navales, pero
antes el efecto dominó ya arrasó con las auxiliares. Más de cuarenta
empresas han desaparecido y, de entre las que se mantienen abiertas, más
de una docena están en ley concursal (la anterior suspensión de pagos).
El
panorama que traza el sector no es menos desolador por ser conocido.
Dos son sus reivindicaciones: que se acometa de inmediato la necesaria
modificación tributaria para la aplicación del modelo francés de
bonificaciones fiscales; y que se mantenga la sociedad de reconversión
del naval, Pymar (en la que participa capital público y privado) para
avalar las contrataciones. Al respecto, los sindicatos reconocen que
pese a que no todas las contrataciones están vinculadas al denominado tax-lease,
bloqueado por la Comisión Europea hace ya siete meses, la mayoría de
los barcos fabricados en la ría de Vigo estaban ligados a esta figura.
Pugna de las empresas
En paralelo, grandes
empresas con un peso crucial en el sector como son Factorías Vulcano e
Hijos de J. Barreras lidian guerras particulares.
Así,
en el caso del primero su liquidación podría evitarse si los acreedores
deciden adherirse al convenio del astillero, que contempla una quita
del 80% de su deuda, extremo que tendría que producirse con fecha tope
de 13 de febrero. Sólo con la adhesión de Pymar, Vulcano podrá salir del
proceso concursal y contratar nuevos barcos. En esta dirección, el BNG
presentaba ayer una proposición no de ley en la que se solicita a la
Xunta que medie con la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros de
Conversión para poder cumplir con el plan de viabilidad presentado por
la directiva de la firma olívica. Según los nacionalistas, de las
decisiones que adopte Pymar va a depender que se puedan resolver
situaciones como las que atraviesa Vulcano, toda vez que se adoptó «hace
meses» la decisión de poner fin al fondo de garantía patrimonial y
sustituirlo por un sistema diferente que permita «facilitar avales para
la construcción de buques».
Más
difícil es la situación que atraviesa Barreras. En concurso de
acreedores desde el pasado mes de julio, el dique está inmerso en una
profunda crisis interna después de que uno de sus máximos accionistas,
José García Costas, pusiera en tela de juicio la gestión de la empresa
(que llegó a cerrar encargos por debajo de coste) y solicitase un
auditoría. Su deuda supera los 74 millones de euros: en ese marco se
hace imprescindible una ampliación de capital. En cuanto al estado de
Factoría Naval de Marín, los trabajadores han comenzado ya las
negociaciones con la dirección del astillero de cara a reducir al máximo
el ERE extintivo que podría afectar a más de la mitad de la plantilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario