Afundiuse o sector naval

Bruselas avisa a astilleros, navieras e inversores de que puede exigir la devolución del "tax lease" 
farodevigo JOSÉ CARNEIRO - VIGO

La Comisión Europea (CE) asegura que puede exigir la devolución del tax lease –el sistema de bonificaciones fiscales utilizado hasta el pasado junio en España para la construcción de buques– a los inversores, navieras, bancos y astilleros que participan en su estructura, al tratarse de una "ayuda ilegal".

La Comisión publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea el expediente de investigación del tax lease, en el que tras analizar la estructura de este régimen de amortización acelerada, concluye que se trata de una ayuda "ilegal" y que, por tanto, puede recuperarse de todos los beneficiarios del tax lease desde 2002.

Las "partes interesadas" disponen ahora de un mes para presentar alegaciones. La publicación del procedimiento de investigación formal coincidió con una reunión en Madrid entre responsables de los ministerios de Industria y Economía con técnicos de la Dirección General de la Competencia de la UE para abordar la puesta en marcha de un instrumento fiscal alternativo al tax lease para el naval español. La Comisión explica que en mayo de 2006 dos federaciones nacionales de astilleros y una empresa individual presentaron denuncias sobre el régimen fiscal español, y que en julio de 2010 asociaciones de construcción naval de siete países europeos firmaron una petición contra el tax lease.

Bruselas calcula que desde su puesta en marcha en 2002 y hasta agosto del año pasado, este sistema permitió 273 transacciones de construcción y adquisición de buques. La CE asegura el tax lease otorga ayudas a todos los actores que participan en el sistema, desde la Agrupación de Interés Económico (AIE) a sus inversores, las empresas navieras, las compañías de arrendamiento financiero, los bancos y otros intermediarios que participan en el funcionamiento del régimen, "así como a los astilleros".

Para Bruselas, la ayuda es "ilegal" en su conjunto y apunta que también algunas de las medidas que la integran "podrían constituir también una ayuda estatal". Desde que trascendió la suspensión del tax lease, el pasado 29 de junio, el Gobierno español ha tratado de que la medida no tuviese carácter retroactivo, es decir, que no afectase a las contrataciones cerradas gracias a este sistema antes de esa fecha.

Pero la Comisión insiste en que sí puede exigir la devolución de esas ayudas, con una excepción, que "fuera contrario a un principio general del Derecho Comunitario", según se recoge en el punto 99 de la investigación. Ese mismo apartado matiza, no obstante, que "en esta fase la Comisión no tiene constancia de que una vulneración de un principio general del Derecho comunitario impida a la Comisión solicitar la recuperación de una posible ayuda ilegal".

Expertos legales consultados por FARO contradicen uno de los argumentos planteados por la Comisión para considerar ilegal el tax lease, y que es que el sistema solo se utiliza para la contratación de buques.

"El tax lease se ha utilizado en aviones, y me consta que algún despacho lo ha hecho con trenes. No es un instrumento exclusivo del naval", explica Ramón Ozores, especialista en tax lease. La investigación de Bruselas constata que el permite que las empresas navieras adquieran buques en astilleros españoles a precios "entre un 20% y un 30% inferiores a los habituales", y se centra sobre tres puntos del sistema: la amortización anticipada, el régimen de tonelaje y el papel de las AIE. ? Amortización. El tax lease permite una amortización acelerada del buque, en tres años y un trimestre, y anticipada, esto es, a partir de la firma del contrato. La CE indica que la amortización acelerada está permitida, pero no la adelantada. ? Régimen de Tonelaje.

La CE explica que el régimen de tonelaje es un régimen aprobado pero que establece una ventaja artificial y no justificada en la plusvalía, porque los buques usados que no proceden del sistema tax lease y que se acogen al régimen de tonelaje tienen que pagar una plusvalía en función de lo que se denomina reserva de entrada, que es la diferencia entre el valor comercial del buque y el valor neto contable del barco.

Así, la Comisión entiende que los buques procedentes del tax lease cuando se transfieren al armador son buques usados y deberían tributar como los demás la reserva de entrada. ? La naturaleza de la AIE. Bruselas tampoco está de acuerdo que la AIE que compra el buque goce en España de un régimen especial para empresas navieras cuando no forma parte de la misma ningún armador. Coincidiendo con la publicación del expediente, responsables del Gobierno español y de Competencia se reunieron ayer en Madrid para avanzar en la puesta en marcha de un nuevo instrumento de bonificaciones fiscales para el naval español, que permita a los astilleros competir en igualdad de condiciones. La negociación, que seguirá hoy, se centró en los tres puntos analizados antes, y estaría pendiente de conocer el porcentaje de bonificación que podría tener. Por la parte española, participan representantes de las direcciones generales de Industria, Tributos y la SEPI, según ha podido saber FARO.