jueves, 4 de noviembre de 2010

Fariseísmo

FARISEÍSMO
Viernes, 05 de Noviembre de 2010 00:09 Redacción

Sabemos por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que la clase política es una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad española, por delante incluso de cuestiones tan sumamente importantes como la vivienda, el terrorismo o la seguridad ciudadana. Mas, ese “privilegiado” lugar que ocupa en la escala de inquietudes de la sociedad no es fruto de la casualidad y sí de la práctica del engaño que, en líneas generales, los políticos suelen utilizar cada vez que se dirigen a la ciudadanía. Un sendero ese en el que, por su sinuosidad, inevitablemente llega el momento en que uno queda al descubierto, y es a partir de ahí y como consecuencia de ello cuando se comienza a perder la credibilidad.

Por eso y por ser, desgraciadamente, una práctica habitual en ellos, esa, la de engatusar y engañar, cada vez interesan menos sus mensajes. No obstante, es tal la carga de hipocresía que en ocasiones demuestran tener, que dejarlas pasar por alto tampoco sería lo más recomendable. Y en esa línea creo que es saludable recordar algunas de esas zalameras posturas para no perder de vista hasta dónde son capaces de llegar, sin preocuparles en absoluto si la postura mantenida con otras gentes en otros lugares y hasta probablemente con problemas similares fuese la forma más coherente de comportarse. Y, como ejemplo, valga algún pasaje vivido por el decreto del carbón.


Hace tan solo unos días, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo en Ponferrada (refiriéndose a la UE) que no era razonable que nos obligasen a prescindir del carbón nacional en el año 2014, y por ello, a partir de ahora, todos los esfuerzos estarán encaminados a conseguir una ampliación de plazo hasta el año 2020. Dijo también que el Gobierno no lo permitiría (el cese de las ayudas en el 2014) por el convencimiento de que éste tiene que defender el territorio y el tejido industrial.
Pero además y aún no satisfecho con lo dicho por su sentido patrio, el ministro, en un alarde de superación, se atrevió a decir que el esfuerzo que se estaba haciendo con este decreto es porque se ha de tener en cuenta garantizar el suministro, la competitividad y el efecto social que, de no aprobarse, produciría en determinadas zonas como la de Ponferrada. Es decir, para el ministro, y supongo que también para el Gobierno del Estado, las térmicas de As Pontes y Cerceda ni aseguran el suministro ni son competitivas por quemar carbón de importación y/o utilizar el ciclo combinado, ni las zonas en donde están ubicadas necesitan defensa de ningún tipo para garantizar su tejido industrial y minimizar sus efectos sociales.

Sin embargo, y a pesar de soltar semejantes perlas, lo mejor quedaba todavía por venir, y llegó cuando se atrevió a decir que ni él ni el Gobierno de España iban a permitir que se castigase más a una zona ya repetidamente maltratada. Qué jodido de ministro éste.
Ahora, al fin, ya sabemos en Ferrol por qué ni él ni el Gobierno del que forma parte movieron ni un solo dedo en favor de Astano.

Porque Ferrolterra goza de una salud industrial excelente, porque es una zona que en absoluto padeció de efectos sociales negativos debido a las reconversiones en el sector naval y, además, porque es una comarca que hasta ahora parece que nunca fue maltratada. ¡Abrase visto tan poca vergüenza !¿Pero cómo es posible que en Ferrolterra haya gente que guarde silencio ante semejantes manifestaciones e incluso le justifiquen?

Y es que, a mayores, y después de todas esas cosas, el Ministerio de Industria, junto con el de Fomento, crean una comisión de seguimiento que, según se dijo desde el Ministerio de Industria, valdrá para evaluar los efectos negativos que el decreto tendrá en las comarcas afectadas. Y ante eso hay que decir que los efectos negativos que el decreto tendrá en las zonas de aplicación deberían y tendrían que estar súper estudiados desde antes de la toma de decisiones, y que además se trata –por su composición– de una comisión que en absoluto va a trabajar por lo esencial, que no es otra cosa que defender los 3.500 puestos de trabajo afectados. Una comisión que está formada por quienes estarían dispuestos –si les diesen garantías de futuro– a llevar el carbón desde Ferrol a Ponferrada, como si aquí no pasase nada. Integrada también por un miembro de la UGT y por unos alcaldes que ya se manifestaron en el sentido de conseguir compensaciones, dejando de lado el problema de fondo. Y por unas empresas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, que lo que menos buscan en estos momentos es defender los empleos.


Lo que hay que intentar conseguir, y esta comisión desde luego no lo va hacer, es modificar el decreto. Y, en ese sentido, ahora hay más posibilidades que hace tan solo unos días, pues, de momento, el Tribunal de Luxemburgo ya dictó medidas cautelares contra la decisión de la Comisión Europea en cuanto a dar vía libre a las intenciones del gobierno español. Lamentablemente y una vez más, se pone de manifiesto lo que es hacer las cosas mal y de forma partidista. Esperemos que valga de algo y que haga reflexionar, sobre todo a todas esas personas y entidades como CCOO y UGT, que apoyaron el Decreto desde el primer día.

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