"Es el mundo al revés", dice Guerra sobre el reglamento que penaliza a las térmicas que menos contaminan . El BNG compara la postura del PSOE ante el carbón con la laxitud que demostró ante el veto a Navantia-Fene
REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / SANTIAGO El consellerio de Economía e Industria, Javier Guerra, avanzó ayer que la Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión basándose en el derecho de las comunidades afectadas "a ser escuchadas".
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, trasladará hoy al Consejo de Ministros el real decreto, para su aprobación por parte del Gobierno. El ministro explicó que la norma entrará en funcionamiento "lo antes posible", ya que "se necesita un tiempo para su puesta en marcha". El texto que apruebe el Gobierno, indicó, no difiere del remitido antes del verano por el Ministerio de Industria a la Comisión Europea.
Sebastián aseguró además que el texto ha sufrido un "retraso procedimental" relacionado con el análisis al que ha sido sometido por parte de Bruselas para establecer si existe en su articulado algún tipo de ayuda de Estado.
El nuevo real decreto, que está sólo pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros y que ya ha sido estudiado por la Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de Competencia y Consejo de Estado, modificará al real decreto 134/2010, publicado en febrero.
Después de que la Comisión Europea aprobase el miércoles el real decreto por considerar que respeta la norma comunitaria de subvenciones públicas, el conselleiro de Economía de la Xunta, Javier Guerra, comunicó en rueda de prensa que ha enviado -por tercera vez- una carta en la que "exige" al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que "escuche" al Gobierno gallego y "busque soluciones para que la decisión sea equilibrada".
Guerra acusó al Gobierno central de "no explicar" ante la Comisión Europea "los efectos reales" que la aplicación del decreto tiene sobre Galicia. Por ello, explicó que la Xunta "tiene toda la documentación" para "estudiar los caminos jurídicos" a seguir.
Guerra mostró el rechazo del Gobierno gallego "completo y contundente" al decreto, pues según denunció "no fueron escuchados los intereses de Galicia", los cuales "no fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consellería de Economía" al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
Guerra se refirió a los efectos "perniciosos" sobre la economía gallega que tendrá, según dijo, esta decisión que afectará a más de 3.500 trabajadores y a unas inversiones totales de más de 1.200 millones de euros en las centrales térmicas de As Pontes y Cerceda.
El Ejecutivo autonómico rechazó la vía de las compensaciones como solución, ya que lo "único" que demanda es que las centrales térmicas gallegas "funcionen como estaban funcionando", es decir, "seguir fabricando energía en las mismas condiciones".
A pesar de esto, Guerra matizó que si el Gobierno de España establece compensaciones "tiene que comunicarlas", a lo que añadió que "es curioso" que en el decreto se establezcan compensaciones para aquellas centrales que utilizan carbón nacional y "no para las que utilicen carbón de importación".
"El mundo al revés", de esta forma se refirió Javier Guerra a la situación gallega, que cerró sus minas y llevó a cabo un proceso modernizador de sus centrales con el objetivo de cumplir el protocolo de Kyoto y reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Guerra censuró el real decreto como "una vuelta atrás", ya que, según afirmó, si las centrales gallegas produjesen energía con carbón nacional "tendrían que comprar derechos de emisión, lo que sería una contradicción". En el caso de que se aplique el decreto, las dos centrales térmicas gallegas -que produjeron el 24% de la energía estatal en 2009- "tendrían que parar", sentenció Guerra. "Esto produciría un efecto en cadena" que afectaría no sólo a la producción de las centrales, sino a los demás sectores implicados.
A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una reducción al 12% de la producción en las centrales, el conselleiro remarcó que "técnicamente significa la paralización" de las térmicas gallegas.
El Ejecutivo gallego se reunirá con los ayuntamientos "más afectados" entre los que se encuentran Cerceda y As Pontes, al tiempo que mantendrá comunicaciones con los sindicatos con el fin de conseguir una posición unitaria.
Sobre la postura de Galicia en relación con la de otras comunidades implicadas, Guerra remarcó que Galicia "no está, en absoluto, en contra de ninguna comarca minera de España" aunque, según dijo, "no puede permanecer callada" ante una decisión "perjudicial para sus intereses".
Después de que la portavoz del Gobierno de Asturias, Ana Rosa Migoya, censurase la postura gallega como "egoísta", Guerra resaltó que el Gobierno gallego no ha dicho "ninguna palabra" contra "ninguna comunidad ni mineros", por lo que incidió en pedir una "solución equilibrada" y "respetar los intereses de otras comunidades".
"No se puede tolerar ni justificar que la Comisión Europea autorice unas ayudas a todas luces incompatibles con el mercado interior, traspasando los problemas sociales y económicos de unas comunidades a otras", apuntó Guerra.
El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, califica de "escándalo político" la aprobación del real decreto por el "doble lenguaje" del PP y del PSOE. Guillerme Vázquez lamentó el "doble rasero" del Partido Socialista, ante el "empeño" con el que ha defendido el decreto del carbón frente a la laxitud de la defensa de "la construcción naval civil en Ferrol" o "sectores estratégicos como el lácteo". "Los gallegos tendremos que salir del marasmo en el que nos está colocando la política del españolismo día sí, día también", añadió Vázquez, quien criticó, en especial, la actitud "pasiva" de la Xunta.
Para Guillerme Vázquez, resulta "sorprendente" que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, asegure que el Gobierno central no transmitió las posiciones de la Xunta a la Unión Europea. "¿Es serio plantear las cosas así? Sin ninguna presión política, dejaron pasar la presidencia semestral sin hacer absolutamente nada", manifestó.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró por su parte que el decreto es sólo una "tirita" para un "enfermo muy grave" y reclamó que se "trabaje" para dar "estabilidad" al sector más allá de 2014.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta valoró que la Comisión Europea convalidara el plan español de ayuda al carbón porque "sin duda" devuelve la "tranquilidad" a la minería.
De Santiago-Juárez incidió en que lo importante ahora es que los trabajadores cobren sus nóminas. "Da la sensación de que se ha puesta una tirita a un enferma muy grave", reiteró, tras lo que recordó que este plan tiene vigencia hasta 2014, por lo que pidió al Gobierno central que haga ahora lo que no hizo en el semestre de Presidencia de la UE.
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