El diputado nacional de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido al Gobierno central que aproveche la Presidencia Española de la Unión Europea (UE) para plantear ante las instituciones comunitarias que los Astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz puedan construir más barcos civiles.
Según recoge una pregunta escrita registrada en la Cámara baja, Llamazares defiende que se suprima el condicionante por el que los astilleros sólo pueden construir barcos civiles en un 20 por ciento de la carga militar para “poder competir y mantener los puestos de trabajo”.
El diputado considera que, habida cuenta de que todos los países europeos han bajado la demanda de barcos militares, los astilleros “podrían verse afectados por nuevos procesos de reconversión y Expedientes de Regulación de Empleo”.Así, solicita que el Ejecutivo presente en el seno de la Unión Europea una propuesta constructiva que, como recuerda, ha sido planteada, entre otros, por el pleno del Ayuntamiento de Cádiz.
Hay que recordar que en el año 2005 cuando el Gobierno español y la Unión Europea firman el acuerdo para posibilitar la restructuración de la antigua IZAR que se veía abocada a la quiebra si tenía que devolver las ayudas ilegales recibidas por el estado español para mantenerse a flote, Bruselas acepta que Fene, Puerto Real y Cádiz, cuya actividad era civil se dediquen a construir barcos militares y no tengan que devolver las ayudas.
La UE acepta, sin embargo, que estos astilleros puedan construir barcos civiles en una proporción que no supere el 20 por ciento del total de la carga de trabajo de los astilleros. Esta obligación o prohibición según se mire estará vigente hasta 2014 y a partir de entonces ya no tendrá límites para construir los barcos civiles que quiera.
Sin embargo, en estos cinco años que han pasado desde la firma del acuerdo, los astilleros no han sido capaces de firmar contratos civiles por encima del 20 por ciento de su carga de trabajo total.
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