Almunia advierte a Soria de la ilegalidad del «tax lease» desde el 2002. Tres astilleros gallegos deberán devolver 3.000 millones
El vicepresidente de la CE y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia, ha vuelto a poner sobre la mesa la amenaza
de exigir a los astilleros españoles la devolución de 8.700 millones de
euros, correspondientes a las 273 contrataciones de buques realizadas
en España desde el año 2002, utilizando el sistema bonificaciones
fiscales o tax lease, que ha acabado denunciado por Holanda y suspendido
por Bruselas en junio del 2011.
Ocurrió en la reunión mantenida la pasada semana
por el comisario europeo con el Ministro de Industria, José Manuel
Soria. Lejos de confirmar una próxima resolución favorable al expediente
abierto contra el sistema español por supuesta vulneración de la libre
competencia, Almunia advirtió al ministro que la investigación sigue
abierta, en proceso de estudio de las alegaciones remitidas por España y
que el dictamen será el que digan los técnicos, al margen de cualquier
consideración.
Holanda decide
Según fuentes próximas a la conversación, el
vicepresidente europeo explicó que, a día de hoy, no existe ninguna
decisión ni resolución oficial al respecto que permita aventurar un
fallo favorable que respete las operaciones realizadas en los últimos
diez años, tal y como se ha especulado recientemente en el sector, a
partir de supuestas filtraciones ministeriales. Las mismas fuentes
afirman que las alegaciones presentadas por España hasta ahora no
habrían resultado convincentes, es especial para los holandeses, cuya
opinión es especialmente valorada por la comisión.
Según la documentación recogida en el
argumentario en el que se basa el expediente abierto por Competencia el
27 de junio del 2011, los cinco astilleros españoles más favorecidos
por contratos firmados gracias a las bonificaciones este incentivo son
Hijos de J. Barreras (pedidos por valor de 1.700 millones), Factorías
Vulcano (1.000 millones), Construcciones Navales del Norte (1.000
millones), Astilleros Zamakona (700 millones) y Astilleros Armón (600
millones).
A la espera de un dictamen que, según fuentes de
Competencia, podría demorarse un máximo de entre ocho y diez meses, en
el naval gallego no se quiere ni oír hablar la devolución del tax lease
con carácter retroactivo. «Sería la muerte del sector», dicen. «No nos
ponemos en eses supuesto, porque los armadores, los astilleros y las
entidades financieras siempre han actuado de buena fe y conforme a la
legislación española», aseguran.
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