La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por Astano y en defensa del sector naval gallego, bautizada como Rumbo 21, sostiene que la Unión Europea está plenamente receptiva a la posibilidad de renegociar el acuerdo que imposibilita la construcción civil en la factoría «siempre que el Gobierno de España lo demande oficialmente». Los impulsores de la iniciativa insisten en que, tras reunirse con responsables del departamento de reindustrialización comunitario, estos dejaron la puerta abierta a la revisión del pacto sellado en diciembre del 2004 entre el Gobierno español y el europeo después de la última reconversión de los astilleros públicos. La comisión promotora asegura que en estos momentos se dan los «hechos nuevos relevantes y de naturaleza excepcional» -en alusión a la crisis económica mundial- que la UE ha fijado como requisitos para la renegociación del pacto.
Los impulsores de la iniciativa aseguran además que, tras analizar distinta documentación oficial publicada en el Diario Oficial de la UE, solo han encontrado indicios de que la antigua Astano pudo haber recibido parte de una partida de 68 millones de euros inyectada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cuatro empresas -los astilleros de Fene, Juliana (Gijón) y Sestao (País Vasco) y a la fábrica de motores de Manises (Valencia)- cuando pasaron a formar parte de la corporación. «En el caso de haber sido favorecido, fue el menos beneficiado y está sin clarificar la cuantía que recibió», aseguró Jesús Varela, uno de los miembros de la comisión. Por ello, los impulsores de la ILP consideran que, ante una posible renegociación del veto -que impide la vuelta al sector civil hasta el 2015- Astano «no puede responder por todas las ayudas» ilegales, que suman 1.200 millones.
lavozdegalicia.es
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