Redacción |
Actualizado 12 Diciembre 2014 - 00:56 h.
Las
previsiones sobre la futura carga de trabajo en el astillero fenés de
Navantia, la antigua Astano, se centran, una vez finalice el próximo 31
de diciembre el veto comunitario a la construcción naval civil, en el
interés de las compañías españolas Iberdrola y Gestamp. Más avanzado el
primer proyecto, que aborda la construcción de componentes,
conjuntamente con los astilleros gaditanos, para el parque eólico alemán
Wikinger –el grupo público es suministrador preferente del contrato–,
tiene mayor grado de desarrollo en su concreción que el que aporta la
segunda, con más amplitud de miras incluso, ya que estima una inversión
de 100 millones de euros y la creación de al menos 700 puestos de
trabajo directos. Se trata, en ambos casos, de iniciativas que pueden
garantizar un futuro a unas gradas y talleres vacíos a los que las
imposiciones de Bruselas han condenado hasta la fecha a un lento pero
incesante vagar que ha tenido más que ver con el mayor peso de otros
países comunitarios en el reparto de la actividad naval que con el
probado potencial de una factoría altamente especializada y de probada
solvencia en sus productos.
Pese a estas circunstancias, no faltan –como es habitual desde hace décadas en la comarca de Ferrol– las voces críticas, en excesivo de rechazo, de la parte social a toda propuesta que suponga la participación de empresas privadas en una compañía pública. Privados, hay que recordarlo, ha sido todos los contratos a los que ha hecho frente Astano desde su mismo nacimiento. Son privados los armadores y contratistas que han adjudicado desde los grandes petroleros que antaño construyó la factoría a los numerosos mercantes y las plataformas petrolíferas ejecutadas en sus gradas.
En el contexto por el que atraviesa la comarca, pretender cerrar las puertas al interés de grandes compañías, de probada solvencia además, es tanto como negar el pan y el trabajo a los más de 3.500 trabajadores de compañías auxiliares que la crisis del sector naval ha dejado en la calle, lo que ha implicado el cierre y la desaparición de no pocas empresas. La precaria situación de la zona, asaeteada por el de-sempleo como en ningún otro momento de su historia, pero sobre todo los errores pasados, en los que la falta de autocrítica sindical aporta referencias sonadas, obligan a adoptar una visión más amplia. O esto, o el riesgo de que quien quiere aportar futuro tome el camino de otras alternativas.
Pese a estas circunstancias, no faltan –como es habitual desde hace décadas en la comarca de Ferrol– las voces críticas, en excesivo de rechazo, de la parte social a toda propuesta que suponga la participación de empresas privadas en una compañía pública. Privados, hay que recordarlo, ha sido todos los contratos a los que ha hecho frente Astano desde su mismo nacimiento. Son privados los armadores y contratistas que han adjudicado desde los grandes petroleros que antaño construyó la factoría a los numerosos mercantes y las plataformas petrolíferas ejecutadas en sus gradas.
En el contexto por el que atraviesa la comarca, pretender cerrar las puertas al interés de grandes compañías, de probada solvencia además, es tanto como negar el pan y el trabajo a los más de 3.500 trabajadores de compañías auxiliares que la crisis del sector naval ha dejado en la calle, lo que ha implicado el cierre y la desaparición de no pocas empresas. La precaria situación de la zona, asaeteada por el de-sempleo como en ningún otro momento de su historia, pero sobre todo los errores pasados, en los que la falta de autocrítica sindical aporta referencias sonadas, obligan a adoptar una visión más amplia. O esto, o el riesgo de que quien quiere aportar futuro tome el camino de otras alternativas.
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