15.12.2013 | 03:56
Desde finales de la década de los ochenta, los astilleros de Fene, la antigua Astano, no pueden construir buques civiles. Es el coste que tuvieron que pagar para que la reconversión naval fuese aceptada por la Unión Europea. Este veto finaliza el 31 de diciembre de 2014.
Hace dos años se habló de la posibilidad de levantar esta prohibición, pero inmediatamente el comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, advirtió de que esta medida obligaría a devolver 975 millones de ayudas públicas ilegales, ya que se incumpliría el acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración del grupo Izar.
En aquel momento, Almunia recordó que en 2004 la Unión Europea había declarado ilegales las ayudas públicas por valor de 864 millones concedidas a Izar por el Gobierno de Aznar y ordenó al Ejecutivo recuperarlas de los astilleros beneficiarios. Además, una decisión más antigua pedía que se recuperasen otros 111 millones. Esto significa que los astilleros de Izar tenían que devolver 975 millones.
Para evitar la sanción, España alegó la "protección de intereses esenciales para su seguridad" y creó la empresa pública Navantia, a la que se transfirieron los astilleros militares de Izar en Ferrol y Cartagena. De forma paralela, los astilleros de Fene, Puerto Real y Cádiz, que eran astilleros civiles, se integraron en Navantia. Según este acuerdo, "el astillero de Fene solo puede construir buques militares hasta 2015".
Sobre Navantia Ferrol también pesa otra veto: no puede construir barcos civiles si la facturación media civil de los últimos tres años supera el 20% de la facturación militar. Fuentes del comité de empresa de los astilleros ferrolanos reconocen que nunca se ha llegado a este porcentaje porque la facturación militar del todo el grupo es muy grande.
Hace dos años se habló de la posibilidad de levantar esta prohibición, pero inmediatamente el comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, advirtió de que esta medida obligaría a devolver 975 millones de ayudas públicas ilegales, ya que se incumpliría el acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración del grupo Izar.
En aquel momento, Almunia recordó que en 2004 la Unión Europea había declarado ilegales las ayudas públicas por valor de 864 millones concedidas a Izar por el Gobierno de Aznar y ordenó al Ejecutivo recuperarlas de los astilleros beneficiarios. Además, una decisión más antigua pedía que se recuperasen otros 111 millones. Esto significa que los astilleros de Izar tenían que devolver 975 millones.
Para evitar la sanción, España alegó la "protección de intereses esenciales para su seguridad" y creó la empresa pública Navantia, a la que se transfirieron los astilleros militares de Izar en Ferrol y Cartagena. De forma paralela, los astilleros de Fene, Puerto Real y Cádiz, que eran astilleros civiles, se integraron en Navantia. Según este acuerdo, "el astillero de Fene solo puede construir buques militares hasta 2015".
Sobre Navantia Ferrol también pesa otra veto: no puede construir barcos civiles si la facturación media civil de los últimos tres años supera el 20% de la facturación militar. Fuentes del comité de empresa de los astilleros ferrolanos reconocen que nunca se ha llegado a este porcentaje porque la facturación militar del todo el grupo es muy grande.
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