Las dudas pendientes de un claro agravio comparativo

La paralización de las ayudas a la construcción naval llega en el peor momento de la crisis para los astilleros. Los constructores apuran los contactos con Xunta y Gobierno central para sortear esta nueva barrera que parece infranqueable. Estas son algunas de las cuestiones claves del proceso.

El sector naval español, y el gallego en particular, es puntero en Europa. Pero antes de la crisis había contratos «para todos». Nadie denunció el sistema de ayudas español, por otra parte similar al de otros estados miembros de la UE. Con la tormenta financiera, los armadores frenaron en seco la construcción de buques y el sector se resintió. Cinco países aprovecharon que algunos barcos se contrataron en España con tax lease al límite de tonelaje permitido para estas ayudas, y formalizaron una denuncia.

Sí. La UE tiene detectados hasta 16 sistemas diferentes de aplicación de estos beneficios fiscales para la contratación de buques. Cada país guarda con celo su método. Pero Bruselas los filtra todos. Los países que no usan estas ayudas se inventaron otras. Estados Unidos, por ejemplo, obliga a construir en su país todos lo buques que se usaran con rutas base y destino en Norteamérica. Corea tiene hasta seis tipos de ayuda pública distintos. En otros países se subvencionan los bienes de equipo.

Lo tendría difícil. Al margen de la especialización y cualificación de los astilleros, el precio es hoy en día la principal referencia para cerrar un encargo. El tax lease supone abaratar hasta un 35 % el precio (en función del tonelaje del buque), y sin este valor añadido cerrar un acuerdo es poco menos que misión imposible.

Apelar a lo estratégico del sector para pedir una relajación de los formalismos y, por ejemplo, solicitar que se continúe aplicando este tipo de ayudas hasta que Bruselas resuelva su investigación. El Gobierno tendría que solicitarlo formalmente y ejercer toda la presión política posible, apelando al empleo y a la crisis.

Galicia no ha tenido suerte. España logró que Bruselas pasara por alto sus exigencias medioambientales cuando pidió permiso para primar el carbón nacional en la producción energética. Apeló entonces al interés estratégico de la minería leonesa. Pero la misma técnica fracasó con el astillero ferrolano Navantia, para el que se solicitó otra excepción que permitiera usar los terrenos ociosos. El sector conservero, también estratégico en Galicia, lleva un año reclamando que no se prime el atún de Papúa. Pero lejos de atender sus quejas, Bruselas llegó a recomendar a la industria gallega que se vaya a producir latas a ese país.

¿Por qué hasta ahora no se denunció el «tax lease» si era ilegal?

¿Es distinto el sistema en España?

¿Puede competir el naval español sin este sistema de incentivos?

¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar la paralización?

¿Hay precedentes en Galicia?