Conseguir revitalizar la construcción naval será el principal objetivo del alcalde electo ferrolano, José Manuel Rey. Tres días antes de saber que sería regidor elegía esta medida entre la larga lista de promesas de su programa electoral Ferrol 2020.
Y estos días apunta que es uno de los principales temas de diálogo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.
El máximo dirigente del Gobierno gallego anunció en Ferrol en el mes de marzo un plan para potenciar la actividad en Navantia que todavía no se ha desvelado. Se daba de plazo en aquel momento hasta finales de verano para anunciar los «proxectos industriais» que el Gobierno gallego evalúa para los terrenos de la antigua Imenosa. Y en plena campaña, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, aseguró a su paso por Ferrol que se había concluido «un primer informe sobre los posibles usos» de esos terrenos ociosos en el astillero fenés.
Las seis promesas
Y ahora el PP de Ferrol está del otro lado. Los populares tomarán la batuta del Concello de Ferrol bajo seis compromisos: negociar el levantamiento del veto a Astano antes del 2015, promover un gran centro de reparaciones navales -que podría generar, aseguran, 3.500 puestos de trabajo-, diseñar un plan estratégico para aprovechar las instalaciones de la ría y demandar del Gobierno del Estado carga de trabajo «suficiente» para el astillero de Ferrol. Pero también reactivar Imenosa y negociar con Dragados Offshore para intentar llegar a acuerdos sobre la utilización de la antigua Astano «bajo el régimen de alquiler/actuación compartida», como ya se hizo, recuerda, en 1996 con el proyecto Texaco Captain.
Rey Varela tendrá que vencer el escepticismo entre las filas de la oposición. Desde Izquierda Unida, Yolanda Díaz recuerda que lo que promete el PP «no es una competencia municipal. El PP no gobierna España; que no se arrogue competencias», señaló. Defiende que los terrenos de Fene se destinen a desarrollar el sector civil y «no a hacer negocios».
Por su parte, Xoán Xosé Pita, portavoz del BNG comparte que es «primordial» el levantamiento del veto. Pero advirtió de que «non hai nada firme, só promesas» y que la Xunta «non trouxo proxecto concreto ningún», a pesar de ser una de las promesas electorales de Feijoo.
Los portavoces de PSOE e IF declinaron manifestarse sobre esta cuestión.
Mientras el PP presenta sus credenciales en forma de promesas, los sindicatos reclaman mayor concreción sobre sus planes. El presidente del comité de empresa de Navantia Fene, José Rico (UGT) reclamó que el astillero continúe en el sector público y se considere «estratégico».
En este sentido, pide al PP «que se implique» y que coopere en la financiación de un nuevo dique que actúe de «colchón para la ría y para Ferrol», pudiendo decantar nuevos contratos. Lo que propone el alcalde electo de Ferrol «son cosas ambiguas, nada concretas» y señala que «no me garantiza el futuro» que los posicionamientos políticos se produzcan «en momentos clave de elecciones».
El secretario comarcal de CC.OO., Xulio Abelleira, aboga por «ir concretando» aquello que se pueda «no noso ámbito de competencia», y en concreto, planes de formación. Considera que la situación del naval hay que abordarla «máis alá do Concello», con una visión «comarcal e galega». Y en este sentido, reclama a la Xunta inversiones en el sector y que quede al margen «das mal chamadas políticas de austeridade».
«Monsergas»
Por su parte, Xesús Anxo López Pintos, portavoz comarcal de CIG, recordó que «o PP xa gobernou no Concello de Ferrol, no Estado e na Xunta» y considera que «non houbo melloría» en los astilleros de la ría. «Tiveron ocasión, que non veñan agora con monsergas», añadió. «As intencións políticas do PP dannos medo», dijo en alusión a su «filosofía da privatización». Pintos asegura que como sindicato defenderán la carga de trabajo para Navantia «pero no sector público: o privado sería desmantelalo todo», concluyó.
Reactivar Imenosa y negociar con Dragados Offshore, otros de los compromisos
PSOE y PP garantizaron acabar con la prohibición y hasta ahora no lo han logrado
El levantamiento del veto que impide al astillero de Fene acceder al sector civil salta periódicamente a la primera línea de acción de los partidos políticos. Pero lo cierto es que, desde mediados de los ochenta, cuando se selló la primera gran reconversión, el PSOE y el PP, que han tenido responsabilidades de gobierno tanto en la administración central como la autonómica, han prometido en los últimos años gestionar con Bruselas su eliminación pero hasta el momento no lo han logrado. La exclusión del mercado de la construcción de buques se produjo como contrapartida de la entrada de España en la UE, que le exigió una reducción de su capacidad naval. Entonces, el Gobierno socialista dejó fuera del mercado a la factoría de Perlío, que se especializó en las plataformas marinas. El Gobierno de Aznar prorrogó el veto desde 1997 hasta el 2008. Tras el desastre del Prestige, en el paquete de medidas compensatorias a Galicia, el PP promete gestionar en Bruselas el fin del veto y, pese a un viaje de Rato, no lo consigue.
En el 2005, ante la posible quiebra de los astilleros derivados de la devolución de ayudas percibidas ilegalmente por el naval público, el Gobierno de Zapatero crea Navantia. Para que la UE autorice la nueva reconversión, el Ejecutivo prorroga el veto hasta el 2015. Desde entonces, su supresión ha sido una demanda constante. Zapatero aseguró que lo gestionó en Bruselas pero no obtuvo el visto bueno de las autoridades comunitarias.
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