El 2015 pondrá fin a 30 años de veto

El acuerdo de la reconversión concluirá en cinco años; varias tesis apuntan a que después no habrá que renegociar otro pacto y Astano podrá volver al mercado civilLa SEPI se ha escudado en la confidencialidad del convenio para no dar detalles sobre su repercusión en Fene

Distintos representantes del Gobierno ya lo habían ido apuntando, pero el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, despejó hace dos semanas todas las dudas y echó un jarro de agua fría sobre los que esperaban que, tal y como había comprometido el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se renegociase el veto que impide a Navantia Fene construir buques civiles. Por el pacto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con la UE, la antigua Astano estará excluida de ese mercado hasta el 2015. Pero, ¿qué sucederá ese año? ¿Quedarán invalidadas las limitaciones o habrá que negociar un nuevo acuerdo? Pese a la opacidad con la que siempre trata este asunto la corporación pública, tanto la SEPI como Bruselas insisten en que el pacto finalizará su vigencia en el 2015.


Caerá así un veto que realmente se impuso hace cinco años, cuando se desencadenó la última reconversión, pero en realidad acabará con 30 años de exclusión del sector naval civil, ya que la primera de las prohibiciones se la impuso al astillero el Ejecutivo de Felipe González al inicio de los ochenta, y una década después prorrogó el Gobierno de Aznar.

El acuerdo que la corporación que preside Martínez Robles negoció con Bruselas hace cinco años tiene una parte confidencial, ya que para lograr que la Comisión condonara la devolución de las ayudas ilegalmente recibidas por Izar, el Gobierno se acogió a un artículo del Tratado de la UE que permite rescatar a sus activos relacionados con la construcción militar, a la que se dedicaba la antigua Bazán, cuando estén en peligro «intereses esenciales» de la seguridad nacional. Esa circunstancia -en la que se ha escudado la SEPI en ocasiones para eludir detallar el verdadero alcance de lo pactado y su repercusión para el astillero de Fene- permitió evitar también la devolución de las subvenciones obtenidas por los astilleros públicos civiles, integrados entonces en Izar y ahora en Navantia junto a los militares de Bazán. Y también declarar secreta esa parte del convenio que, según Bruselas, impide cualquier posibilidad de recuperar las instalaciones de Perlío para la construcción civil sin proceder previamente a la devolución del dinero.

Las únicas cláusulas que la Comisión hizo públicas en su día con respecto a aquel compromiso son, en primer lugar, que la actividad civil no puede representar para Navantia más de un 20% de su volumen de negocio anual, calculado sobre las ventas medias de un período trianual. En segundo término, que la compañía se compromete a mantener sus actividades «de acuerdo con las condiciones de mercado»; a mantener una contabilidad separada de la producción civil y militar; y a comunicar a la Comisión un cálculo de costes por cada contrato civil que suscriba. También, a informar anualmente a Bruselas sobre los resultados financieros de su rama de reparación de buques.

En tercer lugar, España se compromete a no dar subvenciones al segmento civil de Navantia, con excepción de las destinadas a apoyar la exportación y el desarrollo tecnológico, siempre que cumplan los criterios de la UE y de la OCDE sobre ayudas de Estado. Finalmente, Navantia no podrá tener una plantilla superior a las 5.562 personas.

Tesis desde Bruselas

Todas esas condiciones, según la Comisión, tienen «una vigencia de diez años», lo que significaría que a partir del 2015 Navantia Fene podría dedicarse sin trabas a la construcción civil. La misma tesis puede desprenderse de la respuesta parlamentaria que ofreció hace una semana el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien recordó que sobre la base del compromiso de la SEPI con Bruselas, «el astillero de Fene solo puede construir buques militares hasta el 2015».

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