(184) Pregunta escrita Congreso
Opinión del Gobierno del hecho de que los astilleros privados gallegos tengan que recurrir a astilleros portugueses para la construcción de módulos o cascos, para los que tienen capacidad en sus instalaciones, existiendo más de ochocientos mil metros cuadrados de astilleros inutilizados, como es el caso de Navantia Fene.
Respuesta:
El Gobierno no tiene atribuida ninguna competenciasobre la gestion de compañias privadas por lo que desconocelas decisiones a las que se refiere S. S. y, porsupuesto, no se pronuncia sobre decisiones de empresasprivadas, puesto que estas sociedades gestionan suscompañias bajo el amparo del principio de libertad de empresa reconocido por la Constitución. Son sus organos
de Gobierno y sus accionistas los que deben juzgar sus decisiones y sus actuaciones.
Sobre lo que si puede pronunciarse el Gobierno a traves de SEPI es sobre las decisiones que ha venido adoptando esta Sociedad desde mayo de 2004 en la construcción naval publica, puesta en marcha con urgencia y determinación para afrontar la situación en la que se encontraba en esa fecha la sociedad IZAR y sus centros de trabajo —incluido el Astillero de Fene—, fruto decisiones que situaron a la compañia en quiebra tecnica.
Se negoció con los representantes de los trabajadores —con los que se suscribió un Acuerdo el 16 de diciembre de 2004— y con las autoridades comunitarias, alcanzandose finalmente una decisión consensuada que ha permitido preservar toda la actividad de construcción naval:
la civil en el sector privado; y la militar (y parte de civil) en NAVANTIA, sociedad que hoy presentauna situación mejor que en 2004, con una alta ocupación global, y carga de trabajo equilibrada en todos sus centros, pudiendo afrontar su futuro con perspectivas optimistas.
En la actualidad, las instalaciones de Ferrol-Fene son gestionadas de forma conjunta por NAVANTIA dentro de una unica Unidad Productiva, tratando de optimizar la productividad, minimizando con ello los costes; las instalaciones de Fene están plenamente operativas y la ocupación de su plantilla propia es superior al 96%. Esta ratio se podria mantener en la Unidad Productiva de Ferrol-Fene hasta 2011 con los contratos ya en vigor, y hasta 2014 con los contratos que se han firmado con la Armada australiana. Ademas, se están manteniendo unos niveles razonables de subcontratación con la industria auxiliar. Esta situación contrasta
claramente con la que ofrecía el centro antes del año 2004.
Por utimo, y respecto a la alternativa de que Fene vuelva a la construcción naval civil, esto supondria incumplir los acuerdos alcanzados, tanto con los Sindicatos, como con las autoridades comunitarias y que permitieron solventar la grave situación creada por la
existencia de las ayudas concedidas por el Gobierno del Partido Popular a los diversos astilleros publicos y que, finalmente, frieron declaradas ilegales por la UniOn Europea.
Entre las previsiones recogidas en la Decisión de la Comisión Europea de 1 de junio de 2005, —incluida la petición formulada por los Sindicatos y aceptada por laComisión de que Fene permaneciera en el perimetro militar— se establece expresamente que Fene y las instalaciones
de San Fernando del Astillero de Puerto Real-San Fernando se dedicar unicamente a la producción militar.
Por esta razón, no puede modificarse ningun elemento constitutivo de la Decisión comunitaria de juniode 2005, ya que ello afectaría a la solución global y pondría en peligro el modelo establecido para NAVANTIA,
Así lo ratificó el Director General de la Competencia de la Comisión Europea, que ha indicado politicamente que bajo el punto de vista de la Comisión no existe ningún hecho nuevo que justifique la revisión del acuerdo alcanzado con España en 2005, que evitó la
bancarrota del conjunto del grupo Izar y mantuvo la actuacion de los astilleros militares españoles. El astillero de Fene puede continuar su actividad militar, pero no la civil, independientemente de si es privatizado o no. Si Fene retomara la actividad civil, una consecuencia importante sería que Fene se convertiría en el objeto de una todavia desorbitada reclamaciones por las ayudas estatales ilegales recibidas en el pasado.
Madrid, 9 de diciembre de 2008.
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