El Gobierno español aún no se ha dirigido a la Comisión Europea para pedirle que aplique en Galicia la prometida flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y reabra el expediente de Navantia al objeto de que el astillero que esa empresa tiene en Fene pueda recuperar el permiso para construir buques civiles.
La factoría tiene prohibida la actividad civil hasta el año 2015, a raíz de un convenio firmado entre España y el Ejecutivo comunitario que permitió a la antigua Izar, transformada ahora en Navantia, evitar la devolución de las multimillonarias subvenciones públicas que recibió durante años y que Bruselas declaró ilegales.
quella decisión frenó un ambicioso plan de privatización del astillero, pero hace dos semanas, y a petición del BNG, el presidente del Gobierno se comprometió en el Congreso a iniciar «una nueva ofensiva» para conseguir que Bruselas reabriera el caso. Zapatero consideró entonces que era «el momento oportuno» de hacerlo, ya que los Veintisiete y la Comisión Europea acababan de reconocer que la gravedad de la crisis obligaba a relajar de inmediato las normas sobre ayudas públicas de Estado. El Consejo Europeo y la Comisión prometieron una aplicación más liviana de esas reglas para ayudar a reactivar la economía y no perjudicar innecesariamente a las empresas.
Sin embargo, dos semanas después de aquella promesa de Zapatero, «la Comisión Europea no ha recibido ninguna notificación con respecto a los astilleros españoles», tal y como aseguran fuentes del gabinete de la comisaria europea de Competencia, la holandesa Neelie Kroes. Hasta que la Comisión no tenga constancia formal de la petición española, añaden los portavoces de Kroes, no habrá comentario alguno al respecto ni valoración sobre la posibilidad de modificar las condiciones del acuerdo firmado con España.
Barreras
El año pasado, la Dirección General de la Competencia se negó a dar luz verde al plan de privatización avalado por la Xunta y propuesto por la firma viguesa Hijos de J. Barreras, que estaba dispuesta a comprar parte de las instalaciones ociosas de Navantia en Fene para construir allí buques civiles.
sa iniciativa ya parece completamente descartada, pero, según ha podido saber La Voz, la Xunta defiende ahora que Fene pueda dedicarse de nuevo a la actividad civil aún siguiendo en manos públicas, e incluso volver a la construcción de plataformas off shore, a las que se dedicaba antes del veto de Bruselas y que, para los trabajadores, es la opción más viable.
«El sector naval es el único en el que aún sigue habiendo demanda a pesar de la crisis», recuerdan fuentes de la Consellería de Innovación e Industria, que subrayan la necesidad de que España presione en Bruselas para lograr una reapertura del expediente.
Esa presión, por ejemplo, permitió a Italia sacar adelante un plan de rescate para Alitalia, una compañía pública que será privatizada en un 80% sin que los nuevos propietarios tengan que devolver las ayudas que la empresa recibió cuando era de capital público.
lavozdegalicia.es
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