noticiasgalicia.- Una iniciativa legislativa popular (ILP) en defensa del sector naval en Galicia comenzó su proceso de tramitación en el Parlamento de Galicia, una propuesta que pretende la vuelta de Astano a la construcción civil, así como que la Xunta participe en el consejo de Navantia y con la que, según sus promotores, podrían crearse 1.500 nuevos puestos de trabajo.
Uno de los cuatro defensores de la iniciativa que acudieron hoy a la Cámara autonómica, Juan Maneiro, consideró que esta es "una oportunidad única e irrepetible" para desarrollar el sector naval de forma "integral". Entre otras justificaciones, se refirió a que el sector naval es "estratégico", así como que "está saneado, es de largo recorrido y tiene recursos humanos".
Al hilo de esto último, razonó que, si otros sectores han recibido cuantiosas subvenciones dada la actual situación de crisis económica, los poderes públicos deben contribuir al desarrollo del sector naval, que "lo único" que pide es "poder trabajar".
En todo caso, consideró que este es un momento idóneo para conseguirlo porque, según enfatizó, las "sensibilidades" de los empresarios y de las fuerzas políticas son "coincidentes". También se mostró optimista después de que, tanto el Gobierno español como la Unión Europa se han mostrado "abiertos" a negociar la vuelta a la construcción civil de los astilleros ferrolanos.
Además de reclamar a la Xunta que gestione la vuelta al sector civil en Astano, la ILP también pide que negocie con el Estado "su participación directa en la gestión de las empresas públicas estatales integradas en el sector naval de Galicia y que, por su naturaleza, no puedan ser objeto de traspaso".
También persigue que el Gobierno autonómico reclame del Gobierno central "el traspaso de los activos de los que las empresas estatales integradas en el sector naval de Galicia sean titulares y que no estén siendo aprovechados para la construcción, reparación o transformación de buques".
Un grupo de trabajo se encargará de recoger las 15.000 firmas para que la propuesta sea debatida como proposición de ley, algo para lo que disponen de cuatro meses de plazo. Los promotores piden que su tramitación se agilice "lo máximo posible" porque los meses son "vitales" para el sector.
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