Respuesta del gobierno:
El mercado de la construcción y reparación navales europeo se está viendo afectado no sólo por la crisis económica y financiera internacional, sino también por la presión que ejerce la competencia de los países emergentes.
El Gobierno es consciente de esta situación, y comparte plenamente la preocupación de Su Señoría por la situación del empleo en la zona de Ferrolterra, en la que la disminución del número de nuevos pedidos, tanto de reparaciones como de nuevas construcciones que sufren los astilleros, no sólo en España, sino también a nivel europeo, está dejando sentir sus efectos en Galicia.
A través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), se mantiene el Programa de Reindustrialización para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
Como ya manifestó el Presidente del Gobierno en el Debate de Investidura, una de las prioridades de este Gobierno es la lucha contra el desempleo en todos sus ámbitos y, especialmente, en aquellas zonas más duramente castigadas por sus negativos efectos.
En esa lucha, el Gobierno pretende que el sector público sea una palanca de crecimiento económico para crear empleo y a ese fin se orienta el programa de reformas, que ha iniciado, con el que pretende un sector público que dé ejemplo de austeridad y rigor con un sector empresarial público saneado.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge estos principios, que son las líneas maestras para la elaboración de los próximos Presupuestos para 2012, centrados en la eficiencia en la asignación de los recursos públicos disponibles, que deben destinarse a las auténticas prioridades.
Este marco global define también las nuevas inversiones a acometer en el sector público empresarial dependiente de la Administración General del Estado -al que pertenece NAVANTIA-, que deberán estar presididas por estos mismos principios de austeridad, eficiencia y eficacia.
En el caso concreto de las inversiones por las que se interesa S.S., la sociedad NAVANTIA cuenta hoy con instalaciones suficientes para hacer frente a la demanda actual, que se ha visto reducida desde los niveles alcanzados en 2007 como consecuencia de la crisis internacional y, por lo tanto, la empresa tiene margen suficiente para cubrir un potencial incremento de la demanda.
Además, las instalaciones de Fene tienen restringido su uso al ámbito de la construcción militar, en virtud de los acuerdos sindicales alcanzados en el año 2004 y aprobados por la Unión Europea, que excluyen
hasta 2015 el uso de las instalaciones de Fene de cualquier uso civil.
El mercado de la construcción y reparación navales europeo se está viendo afectado no sólo por la crisis económica y financiera internacional, sino también por la presión que ejerce la competencia de los países emergentes.
El Gobierno es consciente de esta situación, y comparte plenamente la preocupación de Su Señoría por la situación del empleo en la zona de Ferrolterra, en la que la disminución del número de nuevos pedidos, tanto de reparaciones como de nuevas construcciones que sufren los astilleros, no sólo en España, sino también a nivel europeo, está dejando sentir sus efectos en Galicia.
A través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), se mantiene el Programa de Reindustrialización para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
Como ya manifestó el Presidente del Gobierno en el Debate de Investidura, una de las prioridades de este Gobierno es la lucha contra el desempleo en todos sus ámbitos y, especialmente, en aquellas zonas más duramente castigadas por sus negativos efectos.
En esa lucha, el Gobierno pretende que el sector público sea una palanca de crecimiento económico para crear empleo y a ese fin se orienta el programa de reformas, que ha iniciado, con el que pretende un sector público que dé ejemplo de austeridad y rigor con un sector empresarial público saneado.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge estos principios, que son las líneas maestras para la elaboración de los próximos Presupuestos para 2012, centrados en la eficiencia en la asignación de los recursos públicos disponibles, que deben destinarse a las auténticas prioridades.
Este marco global define también las nuevas inversiones a acometer en el sector público empresarial dependiente de la Administración General del Estado -al que pertenece NAVANTIA-, que deberán estar presididas por estos mismos principios de austeridad, eficiencia y eficacia.
En el caso concreto de las inversiones por las que se interesa S.S., la sociedad NAVANTIA cuenta hoy con instalaciones suficientes para hacer frente a la demanda actual, que se ha visto reducida desde los niveles alcanzados en 2007 como consecuencia de la crisis internacional y, por lo tanto, la empresa tiene margen suficiente para cubrir un potencial incremento de la demanda.
Además, las instalaciones de Fene tienen restringido su uso al ámbito de la construcción militar, en virtud de los acuerdos sindicales alcanzados en el año 2004 y aprobados por la Unión Europea, que excluyen
Por lo tanto, las decisiones sobre nuevas inversiones deben tener en cuenta todas las circunstancias que concurren, debiendo analizarse la capacidad actual disponible, el incremento potencial de la demanda del mercado y la cuota de mercado accesible, las implicaciones económico-financieras de la inversión e, incluso, las condiciones del astillero en el momento del levantamiento del cese de las restricciones indicadas.
Este es el marco global que define las nuevas inversiones a acometer en las empresas públicas y que, por tanto, afecta también a las que se vayan a realizar en NAVANTIA. En este sentido, es preciso aclarar que la compañía tiene instalaciones suficientes para la actual demanda y para cubrir un potencial crecimiento futuro. En cualquier caso, habrá que comprobar los posibles condicionamientos que imponga la UE en el momento del levantamiento de veto.
Sobre el astillero de FENE pesa una limitación impuesta por la Comisión en su Decisión de 1 de junio de 2005, consistente en la prohibición de ejecutar obra civil, debiendo limitarse a la producción militar hasta el 1 de junio de 2015.
Ahora bien, la citada Decisión incluye una cláusula de revisión de las limitaciones impuestas por los astilleros -de común acuerdo con la Comisión y en el marco del artículo 348 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-, en el caso de hechos nuevos relevantes y de naturaleza excepcional (en especial referidos a fusiones o cooperaciones entre los constructores navales europeos).
Si bien hasta ahora la Comisión ha considerado que una renegociación de los términos del acuerdo estaría vinculada a la recuperación de las ayudas otorgadas en el pasado a los astilleros, y ha puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentaría un intento de levantar las restricciones, el Gobierno está dispuesto a evaluar dicha posibilidad y a emprender las acciones precisas ante la Comisión, si se cumplen los requisitos que lo permitan. En ese caso, el Gobierno realizará todos los esfuerzos que estén a su alcance.
Madrid, 8 de marzo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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