En España y en Europa hay una coincidencia en que para
salir de la crisis se necesita contar con un sector industrial potente.
Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la
Competencia, Joaquín Almunia, se vuelve a poner de perfil. Almunia,
español y miembro del PSOE, tiene sobre su mesa un borrador de
resolución que podría hacer desaparecer la construcción naval en España y
su industria auxiliar asociada. En total, 87.000 trabajadores españoles
y sus familias pasarían a engrosar la abultada lista del paro.
Almunia tiene ya prácticamente decidido recuperar en torno al 95% de
las ayudas que bajo el sistema de 'tax lease' se concedieron en España.
El comisario se ha olvidado de argumentos jurídicos y ha dado la razón
al 'lobby' holandés en una guerra comercial entre Estados miembros de la
Unión Europea. Va a decidir aplicar a España una regla diferente a la
que aplicó a Francia que, tras declarar ilegales las ayudas, no obligó a
devolverlas en 2006.
Almunia se ceba con el sector
naval español en una decisión que probablemente suponga en primer
término la desaparición de la construcción naval en España y, en
segundo, en el resto de la UE. Europa vive una guerra comercial con
denuncias cruzadas. Holanda, que inició la guerra, está ahora también
siendo investigada por la Comisión tras una denuncia desde España. Los
únicos beneficiarios de esta guerra son los astilleros asiáticos de
Corea y China, que se están haciendo con toda la construcción naval. El
Faro de Vigo publicó ayer que Almunia está sopesando la devolución de
todas las ayudas posteriores a 2005, lo que implique más del 95% de las
concedidas.
España cuenta con 19 astilleros privados,
en su mayoría altamente competitivos y concentrados en Galicia,
Asturias y País Vasco fundamentalmente, que se verán forzados a cerrar
si hay que devolver las ayudas. Estos astilleros agrupados en Pymar han
colaborado con la Comisión y con el Gobierno de España aportando toda la
documentación necesaria e intentando basar su defensa en los principios
de confianza legítima y seguridad jurídica. Han presentado precedentes,
tanto de 2004 como de 2009, en los que se dejó claro que la Comisión
Europea conocía el sistema español y no lo cuestionó sino que lo validó.
Nada de esto parece haber servido a un comisario que ha cedido ante el
'lobby' naval holandés.
Cualquier reclamación de la
Comisión contra los armadores que contratan los buques y los
financiadores de las operaciones es un dardo mortal al sector. Si la
Comisión va contra los financiadores -como se ha justificado
preventivamente Almunia- se hará inviable que el sector disponga de
crédito para contratar y seguir construyendo. En todo caso, con su
decisión la Comisión puede crear un clima de inseguridad y espantar a
todos los financiadores y armadores. Fuentes del sector aseguran que "el
Comisario plantea una decisión con apariencia de neutralidad, que hunde
definitivamente al sector español".
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