M. VÁZQUEZ / D. D. SANTIAGO La Xunta ha dado un cambio de rumbo en su estrategia para buscar soluciones a la situación del astillero Navantia. Consciente de las dificultades para conseguir que Bruselas levante antes de tiempo el veto a la construcción civil en Ferrol y tras acumular varias negativas de las instituciones comunitarias e incluso españolas a esta demanda, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, puso ayer sobre la mesa una nueva propuesta que permitiría devolver al astillero parte de la actividad perdida sin incumplir el mandato comunitario: abrir las instalaciones que no utiliza Navantia a empresas o instituciones que las puedan aprovechar.
"Un país con un 20% de paro como España no se puede permitir el lujo de tener instalaciones sin utilizar, instalaciones que pueden ser usadas por otras empresas o instituciones para incrementar nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad industrial", argumentó Feijóo ante el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que pese a no pronunciarse ayer sobre el veto, ya había mostrado hace seis meses su rechazo a la demanda gallega de levantar la prohibición antes del año 2015.
En caso de que la propuesta gallega lograse el visto bueno de la UE, las gradas del astillero que en estos momentos están paradas debido al veto podrían empezar a tener rendimiento sin que ello implicase contravenir la prohibición impuesta por Bruselas para la construcción de barcos civiles. Para ello, con todo, Feijóo sabe que necesita el respaldo del Gobierno por lo que reconoció que su deseo es "buscar una solución entre la Xunta y el Ministerio de Economía e Industria a través de la Sepi" para poder elevar una propuesta ante la Comisión Europea que permita "utilizar aquello que no está siendo utilizado por nadie".
En el año 2004 Bruselas declaró ilegales las ayudas públicas concedidas a la antigua Izar por valor de 864 millones de euros, una cifra a la que había que sumar los 111 millones que ya le había reclamado a España anteriormente. Para evitar el golpe económico que supondría exigir al astillero ese montante, el Gobierno negoció con Bruselas un acuerdo que le permitió reestructurar Izar-Fene evitando su quiebra. De dicho pacto nació la empresa pública Navantia, que desde entonces vio limitada su actividad a la producción naval militar bajo amenaza de tener que devolver los casi mil millones de euros de subvenciones.
El futuro del astillero ferrolano, con todo, no fue el único tema que abordó Feijóo ayer en Bruselas. Una semana después de que la conselleira de Facenda se dirigiese al comisario europeo de Política Regional para reclamar que Galicia mantenga los fondos comunitarios a partir de 2013, fue el presidente de la Xunta el que tomó las riendas de las negociaciones. Durante su entrevista con Joaquín Almunia, Feijóo planteó la necesidad de que la comunidad mantenga un nivel "importante" de los 5.600 millones asignados entre 2007 y 2013 para lograr su convergencia con Europa.
Innovación e infraestructuras
Estas partidas se corresponden a los fondos estructurales destinados a las regiones que no alcanzasen el 75% de la renta europea. Galicia se sitúa ya en el 90%, por lo que no tendría derecho a seguir recibiéndolos. La Xunta, sin embargo, reclama un "aterrizaje suave" en la recepción de unos fondos que vincula a "seguir invirtiendo en innovación, infraestructuras, políticas tecnológicas y otras de la agenda 2020".
Tras su encuentro con Almunia, el presidente de la Xunta reconoció que la decisión de la Unión Europea no se conocerá hasta finales de 2012, cuando se elaboren los presupuestos para el nuevo período de ayudas comprendido entre 2013 y 2020, proceso en el que la decisión recaerá primero en el Consejo y luego en el Parlamento. A pesar de que hace unos días el comisario de Política Regional abrió la puerta a que regiones como Galicia sigan recibiendo estos fondos, Feijóo declaró ayer que "queda mucho partido por hacer y no se puede bajar la guardia".
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