La oficina nacional de auditoría de la Intervención General del Estado ha expresado una salvedad en las cuentas del grupo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que destaca una incertidumbre en el balance del grupo propietario de las empresas públicas Hunosa, Cetarsa, Navantia, Tragsa y otras, además de participaciones en Iberia, Red Eléctrica, Enagás y Ebro.
La auditora nacional, Concepción Iglesias Feito, subraya que la Sepi no ha realizado provisión alguna para los astilleros privatizados en 2006, La Naval y Sevilla, sobre los que ofreció garantías laborales de 10 años a sus empleados, a pesar de la grave situación económica de la actividad de construcción naval, y el hecho de que el astillero Juliana de Gijón, también privatizado entonces, ya suspendió pagos en el pasado ejercicio, obligando a Sepi a realizar una provisión puntual de 40 millones de euros.
Sepi, presidida por Enrique Martínez Robles, argumenta que no realiza una dotación genérica por considerar que no se puede realizar una estimación objetiva del riesgo en el que incurre. ¿Cómo es posible entonces que se privatizasen los tres astilleros sin conocer objetivamente el riesgo en el que incurría el Estado en el peor de los casos, es decir frente, a la quiebra de los negocios vendidos al sector privado?
Las cuentas del ejercicio pasado de Sepi muestran también las prácticas en las que incurrió el primer Gobierno de Aznar, con Josep Piqué y Francisco Prada Gayoso a los mandos de Industria, con la venta del productor de aluminio Inespal a la multinacional Alcoa. Piqué y su lugarteniente Gayoso se habían conocido con motivo de la quiebra de Ercros (una de las más graves ocurridas en España) cuando era dirigida por el ex ministro y el segundo era interventor judicial.
La venta a Alcoa en 1998 se hizo por 380 millones de euros, y durante 15 años se garantizaba a la multinacional estadounidense un coste energético a precio de ganga, que en el caso de ser superado, la diferencia sería abonada por la Sepi, o sea el Estado. El auditor obligó hace dos años a la Sepi a informar del coste incurrido por esta cláusula del contrato de venta. Si en 2008 se abonaron 37 millones a Alcoa, el año pasado la factura casi se duplica, ascendiendo a 68 millones de euros.
En definitiva, dos empresas privatizadas costaron el año pasado al erario público más de 100 millones de euros, y está por ver el coste final, que en el caso de la multinacional estadounidense es casi seguro que llegará al límite del precio de la venta, que es el tope en el que Piqué y Gayoso pusieron la subvención. En definitiva, Alcoa habrá comprado gratis Inespal, y está por ver lo que ocurrirá cuando en 2013 tenga que pagar por sí misma la factura energética.
El problema de los astilleros
En cuanto a los astilleros, la quiebra de Juliana en Gijón desempolvó todos los demonios de la privatización. Juliana fue comprada en 2006 por la gallega Factorías Vulcano por un precio de 2,8 millones, cuando sólo los terrenos entonces superaban los 100 millones si se reclasificaban. Vulcano era además deudora del ICO y no llevó a Gijón la inversión prometida para poder construir buques quimiqueros. Con el sistema de vender algo garantizando los pasivos laborales y un balance con precios de suelo infravalorados, al menos cuando se vendieron los astilleros, no se anima al comprador a esforzarse en la gestión. De momento, 139 trabajadores tienen que cobrar de Sepi.
La Naval de Sestao (Vizcaya) ha realizado ya un ERE de seis meses para la mitad de la plantilla aunque se ha anunciado la contratación de un buque especializado para implantar molinos eólicos en alta mar. El armador es la empresa alemana Bard, que ha roto las conversaciones con la vasca Gamesa para el negocio de parques eólicos marinos. Su futuro no está desgraciadamente asegurado por lo que sus 400 empleados podrían volver a la plantilla de Sepi.
En cuanto a los astilleros de Sevilla, los trabajadores han cortado el tráfico con barricadas de neumáticos incendiados varios días a lo largo del pasado mes de julio, exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla su compromiso de garantizar la viabilidad de la empresa. Se teme que los 200 ex trabajadores de la antigua Izar tengan que ser recogidos por Sepi. Más cargas para la sociedad pública, que el año pasado tuvo unas pérdidas de explotación de 208 millones, que bien podría equilibrar con alguna venta, quizás de sus porcentajes en Ebro e Iberia, que pasan por un buen momento en Bolsa.
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