miércoles, 7 de octubre de 2009

No inviertan en Galicia, que es peor

Dos grandes empresas gallegas de ramos tan vitales como la acuicultura y la construcción naval porfían desde hace meses para que el Gobierno -ya sea el central, ya el autonómico- les deje gastar los cuartos en Galicia; pero no hay manera. Será que nos sobran el dinero y las industrias.

ANXEL VENCE

Dos grandes empresas gallegas de ramos tan vitales como la acuicultura y la construcción naval porfían desde hace meses para que el Gobierno -ya sea el central, ya el autonómico- les deje gastar los cuartos en Galicia; pero no hay manera. Será que nos sobran el dinero y las industrias. Ni a la multinacional viguesa Pescanova se le permite instalar la piscifactoría de rodaballo ya acordada en Cabo Touriñán, ni el astillero -también vigués- de Barreras consigue vencer la resistencia de las autoridades de Madrid a su proyecto para resucitar la difunta construcción de buques en Ferrol.

Se conoce que la autoridad competente no quiere que la industria, el empleo y la riqueza estropeen el verde paisaje de Galicia y dejen sin sentido la tierna imagen tópica del galleguiño pobre y llorón.

Si así actúan contra los capitanes de industria del propio país, fácil es imaginar el mensaje que los gobernantes les están enviando a los hipotéticos inversores que pudiesen venir de fuera. Cualquiera de ellos -si los hubiere- se lo pensará dos o diez veces antes de decidirse a hacer negocios en un lugar geográficamente tan apartado, y gobernado además por gente tan quisquillosa.Las razones argüidas para frenar los planes de inversión de los emprendedores gallegos fluctúan entre el pintoresquismo y el papeleo administrativo. Pintoresco es, desde luego, el paisaje de Touriñán -y en general, el de toda Galicia-, cuya preservación vendría siendo el principal si no único motivo de la negativa del Gobierno autónomo a la instalación de una piscifactoría en ese espacio de la castigada Costa da Morte.

Por lo que toca al ambicioso y bien fundado proyecto de Barreras para recuperar la construcción civil de buques en la antigua Astano, la oposición -más bien áspera- de la Sociedad Estatal dependiente del Gobierno obedecería a singulares "documentos secretos" que lo impiden. Cierto es que la Unión Europea ha confirmado la existencia de un compromiso por el que el actual Gobierno español se obligó a no construir barcos civiles en el astillero de Fene durante diez años; pero no resulta menos verdad que ese acuerdo puede ser objeto de revisión según el propio Tratado de la UE. Para ello sería necesaria, claro está, la voluntad política de hacerlo.

Infelizmente, el Gobierno no parece andar sobrado de tales voluntades en este caso, aun a pesar del decidido apoyo que la Xunta (en un elogiable arrebato de lucidez) está prestando a la iniciativa de los empresarios gallegos.No falta siquiera quien insinúe actitudes de favoritismo hacia astilleros situados en otros reinos autónomos electoralmente más rentables que el de Galicia, pero tampoco hay razón alguna para atribuir tal intención discriminatoria al Gobierno.

Aunque, eso sí, el estilo verbal utilizado por los representantes gubernamentales en este asunto no pueda reputarse precisamente de cariñoso con los gallegos.Lo normal, en cualquier caso, es que los gobiernos no se opongan a la llegada de inversiones propias o ajenas en los territorios que administran, más allá de pequeños matices ideológicos. La izquierda socialdemócrata, por ejemplo, tiende a favorecer la inversión pública y a estimular la privada; en tanto que la derecha liberal prefiere dejar que actúen libremente las fuerzas del mercado. Esto es, al menos lo que dicen los manuales. En Galicia, sitio distinto, no ocurre una cosa ni la otra; y el extravagante resultado de todo ello es que los empresarios no puedan invertir en su propio país aun demostrando que disponen de la necesaria tecnología y financiación para ejecutar sus proyectos.

Dado que nadie puede probar la existencia de una conjura contra el desarrollo de Galicia, tan anómalo estado de cosas sólo puede explicarse por el hecho de que el Gobierno -o mejor dicho: los gobiernos- han dejado de ser una solución para convertirse en un problema. Mal asunto para todos si fuera así. anxel@arrakis.es

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