Los astilleros públicos han exigido más de 3.515 millones desde 2000
Javier L. Noriega - Madrid - 16/03/2009
La (pen)última reconversión del sector público de la construcción naval no ha salido precisamente barata. El pleno del Tribunal de Cuentas acaba de aprobar el informe de fiscalización del proceso de reordenación del naval de 2000 a 2006. Es decir, desde que el Gobierno de José María Aznar decidió integrar las actividades militares de Bazán y las civiles de Astilleros Españoles (AESA) en Izar hasta que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a liquidar la nueva sociedad, crear Navantia y reducir al mínimo la construcción naval civil de los astilleros públicos.
Una travesía que le ha costado a los contribuyentes, al menos, 3.515 millones de euros, según las cuentas que recoge el fiscalizador público en su documento: 2.478,36 millones de euros en aportaciones realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a las empresas públicas del sector naval y 1.037,29 millones de euros más, provisionados para atender los compromisos derivados de los expedientes de regulación de empleo que se aplicaron tras la disolución de Izar, la enajenación del astillero de Sestao (Vizcaya) y la liquidación de la fábrica de motores de Manises (Valencia), y que han afectado a 4.339 trabajadores.
El diciembre de 2000, el Gobierno del PP elaboró un plan a cinco años que pasaba por la concentración de la construcción naval civil y militar en una nueva empresa, Izar, con el objetivo de conseguir la rentabilidad económica, la autonomía financiera, capacidad productiva y competitividad comercial en el sector. En aquellas fechas, Bazán y AESA arrastraban unas pérdidas de 535 y 10.138 millones de pesetas, respectivamente.
La reestructuración se llevó a cabo mediante la adquisición por parte de Bazán de cuatro sociedades propiedad de la SEPI (la gallega Astano, la asturiana Juliana, Astilleros de Cádiz y la fábrica de motores de Manises) y de tres de AESA (el astillero de Sestao y los andaluces de Puerto Real y Sevilla), y el posterior cambio de denominación de la empresa por el de Izar. La operación se cerró por siete pesetas. Las siete sociedades estaban incursas en causa de disolución, con unos patrimonios inferiores a la mitad de su capital.
Las pérdidas de Izar
El plan, sin embargo, no funcionó. Desde su creación en enero de 2001, los resultados de Izar fueron negativos, con unas pérdidas acumuladas de 3.078,9 millones hasta 2004, último ejercicio antes de su liquidación. En ese periodo, la empresa incurrió en causa legal de disolución en distintos momentos, lo que obligó a realizar dos reducciones de capital social por un total de 298,8 millones.
La situación se hizo insostenible cuando la Comisión Europea declaró ilegales una parte importante de las aportaciones que las empresas del sector habían recibido de la SEPI (compra de SEPI a AESA de tres centros por encima del valor de mercado, préstamos a tres de estos centros en crisis, aportación de capital de la SEPI a AESA y ayudas a las actividades civiles de Izar). En total, 1.342,8 millones, más intereses, que Izar debía devolver.
Para evitar hacer frente a este pago, el recién estrenado Gobierno socialista decidió liquidar la sociedad, concentrar toda la actividad militar en la nueva Navantia y privatizar los centros de Gijón, Manises, Sestao y Sevilla. La liquidación de Izar, aún en proceso de ejecución, ha exigido a la SEPI aportaciones por más de 431,7 millones para compensar pérdidas.
La venta de los centros de Gijón, Sevilla y Sestao se cerró en 2006, con unos ingresos para la SEPI de 9,69 millones y unos gastos de 1,58 millones. La firma que asesoró a la SEPI en el proceso, la consultora Boston Consulting, se embolsó 1,82 millones. En el caso de Manises, finalmente se optó por la liquidación. Las instalaciones se han vendido a una empresa de Corea del Sur por 25 millones. Los terrenos y edificaciones del centro, valorados en 62,2 millones, han sido transferidos a la SEPI.
Malestar en dos de los centros privatizados
La situación en dos de los tres centros de Izar que se privatizaron en 2006 dista bastante de ser satisfactoria. En el caso de la planta gijonesa de Juliana, que pasó a manos de los astilleros vigueses Vulcano, la situación se agravó la semana pasada. La empresa ha anulado la construcción de uno de los cuatro buques sísmicos contratados por el armador noruego Petroleum-Geo Services (PGS), al no poder cumplir con los plazos previstos. Esto obligará a la compañía a devolver los 39 millones de euros que había recibido como adelanto por el barco. De esta serie de barcos, ya sólo uno está previsto que se haga en Gijón. Los sindicatos acusan a Vulcano de incumplir el plan de empresa que presentó para adjudicarse Juliana. En la misma línea, los trabajadores del antiguo centro de Izar en Sevilla, que fue comprado por un consorcio liderado por Astilleros de Huelva, denunciaron el jueves la falta de liquidez de la empresa y reclamaron la entrada de un socio inversor, informa Europa Press.
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