jueves, 24 de abril de 2008

Bruselas, 1 de junio de 2005 Liquidación de IZAR

IP/05/649

Ayuda estatal: la Comisión aprueba la reestructuración de los astilleros militares públicos españoles
La Comisión Europea ha aprobado una reorganización de los astilleros militares públicos españoles, de conformidad con las normas del Tratado CE que permiten a los Estados miembros proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las industrias de la defensa (artículo 296 del Tratado CE). Estos astilleros, antes propiedad de IZAR, han sido traspasados recientemente a una nueva empresa denominada Navantia. De esta forma España puede proteger sus intereses esenciales de seguridad rescatando sus astilleros militares, pero asegurando al mismo tiempo que no se produzcan distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de la construcción y reparación de buques civiles. La decisión tiene también en cuenta, en el mayor grado posible, los problemas sociales y regionales que concurren en este caso.
La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, señaló: "Se trata de un paso importante en la reorganización del sector público español de construcción naval. Unida a la venta prevista de los astilleros civiles de IZAR y a unas generosas medidas sociales, esta reorganización salvaguarda las necesidades de la construcción naval militar en España y elimina distorsiones de competencia en el sector civil de la construcción naval."
IZAR era hasta finales de 2004 la principal empresa de construcción naval en España. Su presencia se extendía a 11 centros situados en Galicia, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid. Contaba alrededor de 10.700 empleados. La producción militar suponía alrededor de la mitad de las ventas.
Mediante dos decisiones adoptadas en 2004, la Comisión decidió que determinadas ayudas estatales a IZAR por valor de 864 millones de euros no respetaban las normas comunitarias en la materia y debían ser devueltas (véase IP/04/633 y IP/04/1260). España invocó el artículo 296 del Tratado CE, que permite a un Estado miembro "adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o el comercio de armas, municiones y material de guerra", con el fin de rescatar las actividades militares ante la prevista quiebra de IZAR. Este rescate se efectuaría transfiriendo los astilleros militares de IZAR a una nueva empresa pública (Navantia).
En conversaciones con la Comisión, España ha aceptado medidas y compromisos conforme al artículo 298 del Tratado CE, y que tendrán una vigencia de diez años:
- las ventas civiles de Navantia no excederán del 20% de las ventas totales en una media móvil de tres años;
- Navantia se comportará en sus actividades de acuerdo con las condiciones de mercado. Por tanto, mantendrá una contabilidad interna separada para sus actividades civiles y militares. Por cada contrato para un nuevo buque civil se comunicará a la Comisión un cálculo de costes. En cuanto a la reparación de buques, se le informará con carácter anual;
- las actividades civiles de Navantia no gozarán de ayuda estatal alguna, excepto los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo que cumplan los criterios del marco de ayudas estatales a la construcción naval y de la OCDE;
- el empleo en Navantia no será superior a 5.562 personas.
IZAR entró en liquidación el 1 de abril de 2005. Los liquidadores tienen previsto vender los activos restantes (astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla y una fábrica de motores de Manises). La venta de estos activos se realizará en condiciones de mercado, mediante procedimiento abierto, transparente e incondicional, ya que de otro modo los compradores podrían verse obligados a abonar las cantidades de la ayuda estatal ilegal pendientes de devolución por parte de IZAR.

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