sábado, 29 de marzo de 2008

El presidente de SEPI informó hoy al Senado del Acuerdo Marco suscrito con los sindicatos sobre el futuro de los astilleros públicos

23/12/2004Comunicado SEPI

Todos los participantes en la negociación deben felicitarse porque el Acuerdo despeja el horizonte de la construcción naval
El Gobierno ha heredado un problema de gran magnitud y ha comprometido todos sus esfuerzos en afrontar el problema
La exigencia comunitaria de devolución de ayudas sólo ha anticipado en el tiempo la entrada de IZAR en causa de disolución
El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, afirmó hoy que todos los participantes en el proceso de negociación en torno a IZAR deben felicitarse, ya que el Acuerdo del pasado 16 de diciembre despeja el horizonte de la construcción naval en nuestro país y permite ver cumplido el compromiso del Gobierno de preservar la mayor actividad y empleo dentro de las restricciones comunitarias. Asimismo, señaló que ese Acuerdo equilibra el planteamiento de todas las partes.
Martínez Robles realizó estas afirmaciones durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, en la que informó sobre las perspectivas de futuro de la empresa de construcción naval propiedad de SEPI, tras el Acuerdo Marco suscrito entre esta sociedad estatal, IZAR y los sindicatos CC.OO., UGT y USTG, fruto de una laboriosa y dilatada negociación. El presidente de SEPI explicó el contenido del Acuerdo, en el que las partes firmantes acordaron mantener la actividad militar y la civil de construcción naval, haciendo frente a la situación de crisis por la que atraviesan los astilleros públicos.
El nuevo Gobierno, señaló Martínez Robles, ha heredado un problema de gran magnitud y ha comprometido todos sus esfuerzos en afrontar el problema en sus vertientes productiva, financiera, laboral y regional, orientando las inevitables transformaciones de IZAR hacia un horizonte de viabilidad solvente, con absoluta transparencia, dialogando con sindicatos, informando a las comunidades autónomas y ofreciendo a la Comisión europea su mejor disposición de colaboración.
Destacó, en este sentido, la rápida reacción del Gobierno inmediatamente después de conocer la Decisión de las Autoridades Comunitarias de 12 de mayo que declaraba incompatibles con el mercado determinadas ayudas recibidas por IZAR y exigía su devolución, con la constitución de un Grupo de Trabajo para analizar la situación y apuntar las posibles vías de solución. Martínez Robles detalló a continuación las propuestas realizadas por este Grupo de Trabajo y las actuaciones de SEPI, así como las distintas fases de su negociación tanto con los sindicatos como con las autoridades comunitarias, que han derivado en el citado Acuerdo.
El cierre de cuentas del 2004 hacía ya imprescindible, según el presidente de SEPI, que las negociaciones permitieran, como así ha sido y de acuerdo con el compromiso del Gobierno, alcanzar un acuerdo dentro de las limitaciones existentes en la legislación mercantil española y en la normativa comunitaria de la competencia. Que el proceso de liquidación en el que inevitablemente entrará IZAR afectase o no a la parte militar, añadió, dependía de que la segregación de la misma se realizara con anterioridad a la entrada en liquidación.
Por otra parte, dijo a continuación, SEPI realizará un proceso de liquidación de forma voluntaria y ordenada, que evitará la insolvencia de la sociedad y por tanto la entrada en una situación concursal. Sólo en ese marco se podrá efectuar la reestructuración necesaria para conseguir la viabilidad de los astilleros civiles, y ofrecer las garantías adecuadas a los clientes, a los acreedores y trabajadores evitando que ninguno de ellos quede 'abandonado a su suerte'. Asimismo, apuntó, los astilleros civiles deberán ser transferidos a la iniciativa privada mediante procesos que garanticen unas condiciones de adquisición de mercado, y por tanto compatibles con la normativa comunitaria.
Enrique Martínez Robles destacó en su intervención que es fundamental entender que la exigencia comunitaria de devolución de ayudas incompatibles sólo anticipa en el tiempo la inevitable entrada de la compañía en causa legal de disolución, derivada de su falta de competitividad en el mercado civil, problema estructural que el proyecto IZAR no ha resuelto.
Según explicó el presidente de SEPI, haciendo un balance de los antecedentes, el Plan Estratégico de Competitividad aprobado en 1995 se ejecutó en su totalidad y se alcanzaron todos los objetivos parciales, pero no logró la viabilidad requerida. Ante una situación patrimonial que situaba a Astilleros Españoles (AESA) en causa de disolución, a pesar de haber recibido ayudas, las últimas autorizadas, por un importe aproximado de 1.900 millones de euros, el anterior Gobierno adoptó sucesivas iniciativas de apoyo económico a los astilleros que después han sido consideradas ilegales por la Comisión Europea. Sin embargo, el Gobierno anterior renunció a nuevas actuaciones para continuar la reestructuración del sector, para evitar el desgaste político o por su falta de seguridad en una negociación, y obstruyó la labor de la Comisión.
Finalmente, tomó la decisión de integrar los astilleros públicos civiles en Bazán, la empresa de construcción naval militar, comprometiendo una ampliación de capital de 1.322 millones de euros. Pero, las expectativas del Plan de creación de IZAR de nuevo no se cumplieron, obteniendo unas pérdidas acumuladas desde su constitución en 2000 hasta 2003, de 477 millones de euros, y una previsión de pérdidas para el año en curso de hasta 182 millones de euros, con muy bajos niveles de ocupación efectiva.
La evolución económica que ha registrado el Proyecto IZAR, así como las previsiones existentes, hacían imposible la viabilidad de la compañía en las condiciones actuales y sin someterla a un proceso de reestructuración que sitúe sus costes en niveles aceptables para el mercado. La hipótesis de continuidad de la estructura actual de IZAR llevarían a niveles de pérdidas en el rango de 150/200 millones de euros anuales, por lo que la quiebra de la compañía estaba asegurada.
En lo que se refiere al ajuste de plantillas en los astilleros, el presidente de SEPI recordó también que frente a la reiterada afirmación por el anterior Gobierno del PP de haber mantenido estable tales plantillas, dicho Gobierno adoptó en 1999, en la empresa Bazán, un plan de ajuste consistente, de una parte, en conceder la prejubilación a quienes cumplieran los 52 años en el transcurso del trienio siguiente. El efecto de esta medida fue una reducción neta de unos 2.000 empleos en los astilleros.

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