Pregunta sobre el dique flotante al gobierno.

Desde el pasado mes de octubre, según recogen diversos medios de comunicación, la Xunta de Galicia apoyó la reivindicación de los trabajadores de la empresa Navantia de Ferrol y, en general, de todas las vinculadas al sector, para que se procediese a la construcción de un dique flotante destinado a la reparación de buques, lo que permitiría asegurar una mayor carga de trabajo en el futuro. La Xunta apoyó esta solicitud, que estimó económicamente viable y hasta se comprometió a cofinanciarla. Se trata de un proyecto de singular relevancia para el sector naval en Ferrol pero también en España. Por lo que interesa saber:

¿Cómo piensa cofinanciar el Gobierno la construcción del dique flotante que demandan los trabajadores del astillero Navantia, pieza fundamental para asegurar la competitividad de la empresa en el mercado de las reparaciones de buques, y que ya cuenta con el visto bueno de la Xunta de Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Francisco Caamaño Domínguez, Diputado.

Respuesta del gobierno:

El objetivo general de las actuaciones que el Gobierno abordará en el conjunto del sector público se orienta a conseguir que constituya un ejemplo de austeridad y rigor. En consecuencia, las inversiones a realizar -incluidas las que vayan a efectuarse en el sector público empresarial del Estado, al que pertenece NAVANTIA-, se basarán en el principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

En el caso concreto de las inversiones por las que se interesa S.S., hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la sociedad NAVANTIA dispone hoy de instalaciones suficientes para hacer frente a la demanda actual, que se ha reducido en los últimos cuatro años como consecuencia de la crisis internacional, por lo que la empresa dispone de margen suficiente para cubrir un potencial incremento de la demanda.

No debe olvidarse que los acuerdos alcanzados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI con los representantes sindicales en 2004, aprobados por la Comisión Europea, excluyen hasta el 2015 a las instalaciones de Fene de cualquier uso civil y limitan también la facturación de NAVANTIA en el mercado civil a un 20 % del total de su facturación, debiendo regirse las actividades civiles de reparación por estrictos requisitos de rentabilidad. El carácter militar de NAVANTIA obliga a que cualquier nueva inversión que incremente la capacidad deba responder y orientarse, fundamentalmente, a cubrir necesidades de la Defensa Nacional debidamente justificadas ante las autoridades comunitarias.

Por ello, NAVANTIA viene estudiando en profundidad las implicaciones de las posibles nuevas inversiones a ejecutar en estas instalaciones y está realizando un análisis riguroso de todas las circunstancias que concurren: la capacidad actual disponible, el incremento potencial de la demanda del mercado, la cuota de mercado accesible. Se deben evaluar, también, sus implicaciones desde el punto de vista financiero, legal y comunitario. Deben tenerse, asimismo, en cuenta las condiciones en las que, en su momento, se encuentre el astillero cuando se produzca el levantamiento de las restricciones indicadas.

Por último, hay que precisar que la actividad a desarrollar potencialmente en las nuevas instalaciones debería realizarse en condiciones de mercado y alcanzando unos niveles de rentabilidad adecuados.

Madrid, 12 de marzo de 2012.-El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.